Expresidente Alvarado pide a Fiscalía agilizar acusación en su contra
La defensa legal del expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), instó a la Fiscalía General a agilizar el trámite de la acusación en contra del exmandatario por el caso UPAD.
Hace un año, el 1.° de febrero del 2022, el Ministerio Público presentó una acusación formal en contra de Alvarado por el delito de prevaricato, en concurso ideal con los delitos de fraude de ley y abuso de autoridad.
Según Rodolfo Brenes y Róger Guevara, abogados del exmandatario, hasta el momento la Fiscalía no ha tramitado el expediente, no ha indagado a Carlos Alvarado, ni ha hecho ninguna gestión para impulsar el proceso.
La defensa emitió este jueves un comunicado para instar a la Fiscalía a proceder con el proceso relacionado con el decreto ejecutivo que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). El texto otorgaba facultades a la UPAD para acceder a información confidencial que las instituciones públicas tienen de los costarricenses. Fue publicado el 17 de febrero del 2020 y derogado cuatro días después.
“Hace casi un año que presentaron esa acusación y hace más de ocho meses que don Carlos concluyó su mandato. Es un deber del Ministerio Público impulsar, sostener y defender las acusaciones que presenta, pero no lo han hecho”, señalaron los abogados.
“Don Carlos, como todo ciudadano, tiene derecho a justicia pronta y cumplida y, por eso hemos pedido que se le reciba declaración con la mayor brevedad posible y que el expediente sea enviado al Juzgado Penal para que se realice la audiencia preliminar y se le dé el trámite correspondiente, considerando que ya existe una acusación”, señalaron Brenes y Guevara un escrito presentado al Poder Judicial.
“Nuestro cliente tiene la conciencia absolutamente tranquila, porque no se cometió delito, no se espió a nadie y no se le causó daño a ninguna persona”, agregaron.
La acusación en contra del mandatario la presentó el fiscal general interino del Ministerio Público, Warner Molina, ante la Corte Plena.
La acusación sostiene que el decreto de la UPAD no se ajustó a los procedimientos adecuados, pues “no fue remitido al departamento de Leyes y Decretos (de Casa Presidencial), con el fin de analizar su procedencia, cuadro fáctico y legalidad, lo cual permitiera que el decreto ejecutivo no entrara en vigencia”.
Para el exfiscal general interino, el actuar de las autoridades del gobierno fue contrario a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, que prohíbe la transferencia de datos personales, y lo permite solo en casos excepcionales.