CIDH condena en Perú la ‘violencia’ y ‘estigmatización’ de pueblos indígenas
WASHINGTON. AFP. Perú fue escenario de “violencia” en las protestas que piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, dijo este miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó la “estigmatización” de pueblos indígenas.
Tras la visita de observación realizada del 11 al 13 de enero, la CIDH “condena todo tipo de violencia”, afirmó el relator Stuardo Ralón durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo.
“Hay violencia, tanto denuncias de violencia por parte de fuerzas de seguridad que están en procesos de investigación, denuncias que recibimos de testimonios de familiares, y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos y privados”, afirmó por videoconferencia.
Perú está sacudido por protestas desde que, en diciembre, el Congreso destituyó al presidente izquierdista Pedro Castillo por un fallido golpe de Estado con el que intentó disolver el Parlamento, gobernar por decretosy convocar una Asamblea Constituyente.
Las protestas suman un saldo de 47 muertos, entre ellos siete adolescentes, y 650 heridos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, detalló el relator.
La CIDH considera fundamental que se lleven a cabo investigaciones balísticas para determinar el tipo de armas utilizadas, dado que las autopsias revelaron disparos a la cabeza y al tórax.
“El Estado debe realizar, en este contexto, investigaciones serias e imparciales en un tiempo célere”, pidió, e insistió en que “los hechos de violencia no deben desnaturalizar las protestas”.
‘Terrorista, indio’. Además hizo un llamamiento a frenar el “uso generalizado” de la “estigmatización”.
Existe “un deterioro en el debate público que genera una estigmatización de personas de origen aimara o quechua” con términos como “terrorista, senderista o indio”, que “generan un clima de mayor violencia”, y “ofenden a personas que sí están haciendo una protesta pacífica”, denunció.
La CIDH llamó a “reglamentar con parámetros objetivos” los “elementos de debilidad institucional”. Se trata, dijo, de figuras constitucionales que debilitan los poderes: la vacancia presidencial, de acusación constitucional y la posibilidad de disolución del Congreso.