Oportunidad para la participación en asuntos cantonales
Al contrario de lo que acontece en otras sociedades con una larga tradición en elección de alcaldes, Costa Rica apenas lleva cinco votaciones directas.
En promedio, tres de cada cuatro ciudadanos inscritos en el padrón electoral no se acercan a las urnas, como si el asunto no fuera con ellos, cuando debería de ser, tal vez, la elección más cercana a sus intereses. Las razones de esta apatía son básicamente dos.
En primer lugar, nos hemos acostumbrados a un Estado centralizado, el cual, ya sea mediante el Poder Ejecutivo o las autónomas, nos provee de la inmensa mayoría de los servicios.
La segunda razón es la idea muy generalizada entre la población de que en muchos de los gobiernos locales imperan la corrupción, el chantaje y los abusos, es decir, un lugar al que de ser posible es mejor no acercarse.
En el cuatrienio anterior se aprobaron algunas de las leyes más importantes desde la fundación de la Segunda República, en 1949.
Una de ellas sin duda es la reforma del artículo 14 del Código Municipal, que limita la reelección indefinida de autoridades locales, Ley 10183, aprobada el 29 de marzo del 2022.
La Sala Constitucional rechazó recientemente tres acciones interpuestas contra esta restricción, después de una enconada oposición de los diversos “sindicatos” o grupos de presión —casi en su totalidad financiados con
Tres de cada cuatro ciudadanos inscritos en el padrón electoral no se acercan a las urnas
recursos públicos—, tras los cuales se parapetaban más de cuarenta alcaldes e intendentes que no podrán reelegirse, algunos en el cargo durante varias décadas, así como cientos de otras autoridades municipales que tendrán que buscar algo más que hacer.
La reforma establece que los alcaldes podrán ser reelegidos de manera continua por una única vez. No podrán ocupar ningún cargo de elección popular del régimen municipal hasta tanto no hayan transcurrido dos períodos desde que finalizó su segundo período consecutivo.
Los vicealcaldes también podrán ser reelegidos de forma continua por una única vez y no podrán ocupar el mismo cargo ni el de regidores o síndicos hasta tanto no transcurran dos períodos desde que finalizó el segundo consecutivo.
Con la aprobación de esta reforma del Código Municipal, la Asamblea Legislativa atendió una de las recomendaciones hechas por la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante las pasadas elecciones municipales, de febrero del 2020.
En su informe preliminar, el grupo señaló la necesidad de revisar la legislación e indicó que “si bien la continuidad en las políticas públicas es valiosa, la alternancia constituye un pilar fundamental del sistema democrático”.
El músculo político de las organizaciones defensoras del statu quo se vio reflejado en las asambleas cantonales y provinciales de los principales partidos políticos, con la intención de elegir candidatos presidenciales y diputados afines para que, en la presente legislatura, torpedearan, primero, el avance del proyecto de ley y, de ser necesario, el veto, o bien, traerlo abajo en la Sala Constitucional. Dichosamente fracasaron.
El pasado 5 de julio, La Nación informó sobre múltiples situaciones absurdas que acontecen debido a la discrecionalidad que tienen los regidores para fijarse a sí mismos las dietas por asistir a los concejos municipales.
Algunos regidores y síndicos ganan mucho más que los directivos de las instituciones públicas cuyos presupuestos son muy superiores, tanto propietarios como suplentes, porque todos reciben dinero con solo asistir, aunque los suplentes no tengan voto ni estén obligados a hablar. La Municipalidad de Alajuela es la que reparte las dietas más suculentas.
En el 2020, la fracción del Partido Frente Amplio denunció los salarios desproporcionados que reciben varios alcaldes, 11 de ellos mayores que el del presidente de la República, así como los aumentos ilegales que solicitaron 19.
El salario de los alcaldes se calcula con base en el nefasto artículo 20 del Código Municipal, que establece que el alcalde ganará el 10 % del salario mayor devengado por los empleados municipales, regularmente por encima del auditor interno.
En consecuencia, lo que debería ser una relación de vigilancia se convierte en una relación de “compas”.
La citada reforma no debe ser vista pasivamente por la ciudadanía. Es una excelente oportunidad de recuperar para sí el poder que en las distintas comunidades está en manos de empresas, gamonales o familias que, directa o indirectamente, controlan la vida ciudadana y los recursos públicos de su comunidad.
Llegó el momento de convertir las próximas justas electorales del 2024 en más de lo mismo o en una alborada democrática. Cada uno de nosotros tiene el poder del voto. Debemos usarlo.