Familias salvadoreñas vuelven a casas usurpadas por maras
››Cerco militar fue una operación más de ‘guerra’ contra las pandillas en ese país
SAN SALVADOR. aFP. Ana Vilma Cuéllar debió vencer el miedo para regresar, después de dos décadas, a La Campanera, un populoso suburbio de San Salvador, para recuperar una casa que nunca pudo habitar porque pandilleros se apoderaron de toda la zona.
“Es una alegría”, dice entre lágrimas esta mujer de 62 años, quien confía en poder finalmente residir allí tras la “guerra” contra las pandillas emprendida por el presidente Nayib Bukele.
Su marido compró el inmueble en el 2002, pero nunca pudo ocuparlo.
“He pasado muchas cosas (dificultades)”, afirma esta extrabajadora de una maquila, que tuvo que arrendar otra vivienda en Ilopango, un suburbio capitalino controlado por otra pandilla.
La última vez que Cuéllar visitó La Campanera, en el 2003, se marchó frustrada, porque el autobús en que viajaba fue blanco de disparos de pandilleros, con saldo de varios heridos.
Ahora, hay un ambiente de seguridad en esta zona de pequeñas viviendas de clase trabajadora, donde, por años, la pandilla Barrio 18 sometió a los pobladores a sus caprichos.
Cerco militar. Hasta hace un mes y medio, en La Campanera imperaban la anarquía y el temor.
Para no vivir bajo los designios de Barrio 18, muchas familias abandonaron sus casas, que luego fueron ocupadas por la pandilla. Sus “palabreros” (cabecillas) incluso las rentaban a quienes se sometían a sus reglas de convivencia.
Al vecindario ni siquiera podían ingresar los camiones municipales de limpieza ni las motos de repartidores de comida, y muchos hogares tenían conexiones ilegales de electricidad o televisión por cable.
Pero todo comenzó a cambiar el 3 de diciembre, cuando Bukele ordenó que miles de soldados y policías rodearan el municipio de Soyapango, donde se encuentra el vecindario.
Para facilitar su escape, los pandilleros rompieron las paredes de muchas viviendas y también desprendieron los números que identificaban las casas.
El cerco militar fue una operación más de la “guerra” contra las pandillas declarada por Bukele en respuesta a una escalada de violencia que, del 25 al 27 de marzo del 2022, dejó 87 asesinatos.
A petición del presidente, el Congreso aprobó entonces un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Así, unos 62.000 presuntos pandilleros han terminado en prisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionaron la “suspensión de derechos básicos” y alertaron sobre la falta de “garantías judiciales” en El Salvador.
Pero, según el mandatario, el régimen de excepción permitió arrebatar el control que las pandillas tenían sobre el 80% del territorio salvadoreño.
El gobierno de Bukele estima que al menos 6.000 viviendas fueron tomadas por pandilleros en todo el país.