Una ruta para la seguridad ciudadana
El 2022 fue el año más violento en la historia de Costa Rica, con un récord de 638 homicidios, 50 más que en el 2021. Si por la víspera se saca el día, el 2023 no será mejor, ya que en lo que va de enero se contabiliza un promedio de dos asesinatos diarios.
Otros indicadores sobre el estado de la seguridad ciudadana resultan igualmente alarmantes. La extorsión toma fuerza en algunas zonas y el secuestro, contenido durante muchos años, volvió a manifestarse de manera preocupante, pese a que la cifra oculta impide conocer el tamaño real del problema.
Por ello, es comprensible la creciente alarma ciudadana, revelada en una reciente encuesta del PNUD, según la cual el 65 % de la población considera que el país es “poco o nada seguro” y el 44% opina que es “alta o muy alta” la probabilidad de ser atacado con arma de fuego fuera de su casa.
El deterioro de la seguridad ciudadana no se produjo de la noche a la mañana. Las estadísticas oficiales confirman que después de la caída en el índice de homicidios que logramos durante mi administración, entre el 2011 y el 2014, la tendencia fue el crecimiento. El país pasó de una tasa de 8,7 homicidios por 100.000 habitantes en el 2013 a 12,2 en el 2022, un incremento del 40 %.
Al mismo tiempo que creció la violencia criminal, disminuyó la importancia política asignada a la seguridad ciudadana, lo que se reflejó, entre otras cosas, en el debilitamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la disminución de los recursos destinados al sector.
Mientras en el período 2010-2015 el incremento anual promedio del presupuesto para el Ministerio de Seguridad fue de un 18,8 %, entre el 2016 y el 2021 cayó al 2,7 %. En los años 2022 y 2023, el crecimiento es negativo, ya que el gobierno recortó más de ¢1.000 millones al presupuesto de esta cartera en cada uno de esos años.
Pese a lo anterior, el país sigue a la espera de una respuesta articulada y consistente que vaya más allá de las inútiles acusaciones mutuas entre funcionarios gubernamentales y judiciales sobre quién tiene la culpa del problema. Aún peor, ante el vacío de respuestas eficaces hay quienes sugieren que Costa Rica centroamericanice su estrategia de seguridad, inspirada en la controversial ruta del populismo salvadoreño.
Quienes así piensan ignoran que nuestro país, pese a ubicarse en la región más violenta del planeta, ha logrado históricamente bajos niveles de criminalidad; también, ignoran que hace tan solo 10 años logramos bajar significativamente el crimen violento, con firmeza pero sin arbitrariedad, sin sacrificar garantías constitucionales ni debilitar el Estado de derecho, sin criminalizar la pobreza o militarizar el orden público como hicieron nuestros vecinos.
Detener la oleada de violencia criminal y devolver la tranquilidad a los ciudadanos, sin sacrificar los fundamentos de nuestro modelo de seguridad democrático, es posible. Para ello, sugiero trazar una ruta que contemple, cuando menos, las siguientes cinco acciones:
1. Formular una estrategia integral basada en evidencia, con participación interinstitucional y movilización social y comunitaria. Sin una hoja de ruta que establezca objetivos claros, metas con indicadores medibles y que movilice a instituciones claves, sectores y comunidades, la lucha contra la criminalidad violenta no se ganará. La estrategia es actuar sobre los principales factores de riesgo, mediante acciones de prevención, control y sanción, prioritariamente en las zonas de mayor incidencia delictiva.
2. Reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Pública como órgano máximo de coordinación interinstitucional. La seguridad debe ser una política de Estado, coordinada al más alto nivel y las acciones
que se requieren provienen de diversos frentes: del Poder Ejecutivo, en materia de prevención social, actuación policial y política carcelaria; del Poder Judicial, en lo referente a sanción penal y combate a la impunidad; y del Poder Legislativo promulgando legislación, especialmente en materia de crimen organizado, y ejerciendo un férreo control político sobre los recursos públicos y la actuación policial. Es ahí donde corresponde plantear las diferencias, no en las conferencias de prensa.
3. Mejorar la asignación de recursos financieros, humanos y tecnológicos a los cuerpos de seguridad y exigirles resultados y rendición de cuentas. Al Poder Ejecutivo le corresponde establecer las prioridades de gasto e inversión, principalmente, en momentos fiscalmente complejos. Me correspondió gobernar en época de estrechez fiscal, lo que nos llevó a impulsar y conseguir la aprobación de un impuesto sobre las personas jurídicas y otro sobre los casinos para financiar la seguridad; sin embargo, el Ministerio de Hacienda está asignando apenas cerca del 30 % de lo que se recauda y la inversión en el sector sigue disminuyendo.
4. Actuar sobre los principales factores de riesgo detrás de la violencia criminal, en especial, las armas de fuego y el crimen organizado. Cerca del 70 % de los crímenes violentos se cometen con armas de fuego y alrededor del 60 % provienen de enfrentamientos entre bandas criminales. Con respecto a las armas, se deben intensificar las campañas de desarme voluntario y destrucción, así como los operativos de control e incautación de armamento ilegal.
En materia de crimen organizado, lejos de avanzar, hemos retrocedido, dada la derogación en el 2019 de unos artículos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (n.° 8754) que me correspondió presentar e impulsar como ministra de Justica; además, se postergó durante cinco años la entrada en operación de la jurisdicción especial contra el crimen organizado, aduciendo carencia de recursos, y sigue empantanada la discusión sobre la extinción de dominio.
Falta de liderazgo político y coordinación es lo que caracteriza la lucha contra la criminalidad organizada, la mayor amenaza a la seguridad y estabilidad del país. Policías, fiscales y jueces están urgidos de respaldo político, herramientas jurídicas y recursos materiales y financieros.
5. Movilizar a las instituciones del sector social, en asocio con las comunidades y los gobiernos locales para la prevención. Hay que actuar preventivamente en las condiciones que afectan a los sectores más vulnerables y más expuestos a la influencia de las redes criminales, especialmente a los jóvenes, quienes constituyen la mayor parte de las víctimas de homicidio y engrosan la población carcelaria.
Estudios confirman que pobreza, desempleo y baja escolaridad se correlacionan positivamente con los niveles de violencia homicida. Estos problemas sociales, al igual que el crimen violento, se concentran además en zonas costeras y algunas barriadas de la GAM.
Nada de lo que sugiero es novedoso, pero dio resultados en el pasado, aquí en Costa Rica y en otros países democráticos. Es hora de dejar de procrastinar, de levantar el dedo acusador contra “el otro” y de acariciar alternativas contrarias a nuestra tradición. Se debe actuar ya de manera estratégica, metódica y concertada, porque lo que está en juego es, ni más ni menos, cuántos costarricenses morirán asesinados en los próximos días, meses o años.
Devolver la tranquilidad a los ciudadanos, sin sacrificar los fundamentos de nuestro modelo de seguridad democrático, es posible