La Nacion (Costa Rica)

La política de fronteras de Biden, una decepción

- Chiara Galli SoCiÓlogA

Los defensores de los migrantes se mos‑ traron optimistas poco antes de la asunción del presi‑ dente Joe Biden con respecto a que pusiera fin al Título 42, regla misteriosa que durante la pandemia de covid‑19 per‑ mite a los agentes de frontera rechazar la entrada de perso‑ nas que en otras condicione­s hubieran tenido derecho a so‑ licitar asilo.

Investigan­do para mi próximo libro, Precarious Protection­s, entrevisté a abo‑ gados que trabajan en Los Ángeles con niños migrantes no acompañado­s, y me dije‑ ron que confiaban en que la nueva administra­ción reins‑ tituyera el derecho a pedir asilo en los Estados Unidos. Pero no sucedió.

La idea de que los solici‑ tantes de asilo engañan al sistema de migración es‑ tadouniden­se con pedidos fraudulent­os es infundada. Lo cierto es que durante los gobiernos que precediero­n a Biden (Barack Obama y Do‑ nald Trump), las autoridade­s migratoria­s de los Estados Unidos hicieron una inter‑ pretación demasiado estricta de la ley que no protegía a la mayoría de los niños vulnera‑ bles que huyen de la violencia asesina en Centroamér­ica.

Pero allí donde la adminis‑ tración Obama combinó la aplicación de la ley con medi‑ das humanitari­as, las políti‑ cas de Trump mostraron un desinterés explícito por los derechos humanos y el Es‑ tado de derecho, y esto sentó un precedente peligroso y al parecer duradero. Un buen ejemplo de ello es el Título 42. Se justificó como una me‑ dida excepciona­l para limitar la transmisió­n de la covid‑19, pero jamás contó con el aval de los epidemiólo­gos. Sin em‑ bargo, esto no impidió a la administra­ción Trump usar el Título 42 para restringir el derecho a pedir asilo, que está protegido por la legislació­n estadounid­ense e internacio‑ nal.

Tras dos años de mandato, Biden no ha cumplido su pro‑ mesa de reforma migratoria humanitari­a. En vez de eso, su gobierno sigue menosca‑ bando los derechos humanos y expulsando a migrantes. Incluso, anunció a principios de este mes una ampliación del Título 42 que sumará a ni‑ caragüense­s, cubanos, haitia‑ nos y venezolano­s a la cada vez más larga lista de perso‑ nas a las que se les niega el derecho a solicitar asilo.

Además, creó un progra‑ ma de permisos de perma‑ nencia temporal para dar a ciudadanos de estos cuatro países una forma “segura y ordenada” de ingresar a los Estados Unidos. Pero el pro‑ grama excluye a guatemal‑ tecos, hondureños y salvado‑ reños, a quienes también se expulsa conforme al Título 42, a pesar de la violencia a gran escala y las violacione­s comprobada­s de los derechos humanos que experiment­an en sus países.

Política deshumaniz­ada. La administra­ción Biden quiere reemplazar el derecho de asilo con una vía de ingreso excep‑ cional reservada a unas pocas personas. La ley de inmigra‑ ción de los Estados Unidos no establece un límite de solici‑ tantes de asilo, pero el nuevo programa fija un tope de 30.000 permisos temporales al mes para solicitant­es de los cuatro países mencionado­s.

Otro objetivo del programa es garantizar la cooperació­n de México con la política de frontera estadounid­ense. Por cada 30.000 permisos tempora‑ les otorgados, se expulsará a una cifra igual de solicitant­es de asilo. Que México esté dis‑ puesto a recibirlos “resuelve” el problema diplomátic­o que impide a Estados Unidos apli‑ car el Título 42 a todos los mi‑ grantes que cruzan la frontera: en concreto, algunos países se niegan a cooperar con las de‑ portacione­s estadounid­enses y repatriar a sus ciudadanos.

Al poner como requisito para el permiso temporal que los solicitant­es lo tramiten en el país de origen, de donde huyeron porque allí corrían peligro, o en países de tránsito como México, donde enfrentan riesgo de secuestro, violación, maltrato y muerte, el progra‑ ma de Biden ignora en la prác‑ tica los padecimien­tos de dece‑ nas de miles de personas que ya están en la frontera entre Estados Unidos y México.

Para poder inscribirs­e en el programa, el solicitant­e nece‑ sita un patrocinad­or que sea residente legal en los Estados Unidos y tenga medios finan‑ cieros para darle apoyo, dine‑ ro para un billete de avión y un pasaporte válido. Solo los solicitant­es de asilo más privi‑ legiados tienen acceso a estos recursos.

En el 2018 conocí a un sal‑ vadoreño de 16 años al que llamaré Gael (no es su nombre real), que se había inscrito en el CAM, programa similar de la era Obama destinado a me‑ nores centroamer­icanos por el que estos debían pedir permiso de permanenci­a temporal en el país de origen.

Gael pasó más de dos años en peligro, ocultándos­e y sin recibir respuesta del gobierno de los Estados Unidos (una experienci­a típica). Lo habían amenazado de muerte varias veces, y, como otros migrantes que huyen de la violencia, no podía esperar que se comple‑ tara el proceso burocrátic­o. Si la lentitud con que funcionó el programa CAM sirve de in‑ dicación, y con el desorden ac‑ tual del sistema de migración estadounid­ense, no es de pre‑ ver un otorgamien­to rápido de permisos temporales durante el gobierno de Biden.

Permiso sin garantías. Inclu‑ so los pocos afortunado­s que puedan inscribirs­e en el pro‑ grama solo obtendrán permi‑ so de trabajo temporal y que‑ darán en situación precaria. La concesión de asilo implica derecho legal permanente a re‑ sidir en el país, pero el permiso temporal se puede revocar en cualquier momento.

Una de las primeras medi‑ das del gobierno de Trump fue quitar la residencia legal a miles de niños que ingresaron mediante el programa CAM. Para quienes reciban el permi‑ so temporal con el programa de Biden y quieran protección permanente contra la deporta‑ ción, la única alternativ­a será pedir asilo, y eso agravará el enorme retraso en los tribuna‑ les (justo lo contrario a lo que supuestame­nte pretende la ad‑ ministraci­ón Biden).

Con Obama había dos opcio‑ nes: inscribirs­e en el programa CAM o ir a la frontera. Al final, Gael se decidió, huyó y logró ser admitido en la frontera en‑ tre Estados Unidos y México. Tal vez por eso sigue con vida. Por el contrario, con las nuevas políticas de Biden, las personas que crucen irregularm­ente la frontera de Panamá, México o Estados Unidos y no utilicen estas nuevas vías de obtención de permiso temporal serán ex‑ pulsadas y no podrán inscribir‑ se en el programa en el futuro.

Acusado por Trump de te‑ ner una postura “débil” en materia migratoria, Biden de‑ cidió mantener la agenda de su predecesor. Incluso hay planes de revivir las restriccio­nes de Trump que privan del dere‑ cho a solicitar asilo a aquellos migrantes que lleguen a la frontera pasando por países de tránsito o no usen un puerto de entrada legal a los Estados Unidos (política que fue dero‑ gada en los tribunales).

Biden también anunció que las personas con vulnerabil­i‑ dades especiales que quieran una exención del Título 42 de‑ berán usar una aplicación lla‑ mada CBP One para agendar una entrevista en un puerto de entrada oficial. Esta aplicación parece una nueva forma de “dosificaci­ón” de migrantes, una versión digital de la tácti‑ ca ilegal por la que el servicio de aduanas y protección de las fronteras obliga a los solicitan‑ tes de asilo a esperar (a veces varios meses) para ser admiti‑ dos.

Estas no son soluciones. Pri‑ var a los solicitant­es de asilo de sus derechos no impedirá que huyan de países en los que corren peligro. Los expulsados conforme al Título 42 seguirán tratando de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México —lo que supondrá un aumen‑ to artificial de la cantidad de arrestos y agravará la percep‑ ción pública de que hay una crisis de fronteras— o morirán en el intento.

CHIARA GALLI: profesora asistente de Desarrollo Humano Comparado en la Universida­d de Chicago.

© Project Syndicate 1995–2023

La Casa Blanca sigue expulsando a migrantes, manteniend­o, e incluso ampliando, el uso de la política del Título 42 de Donald Trump

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AFP Nicaragüen­ses en viaje hacia Estados Unidos.
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