Funcionaria de Zapote fue denunciada por supuesta falsificación en México
››Habría entregado documentos falsos que la acreditaban como mexicana
VERACRUZ. MéXico. En una de las épocas más oscuras del estado mexicano de Veracruz, donde la corrupción y la violencia se enseñorearon, la tica Mayuli Ortega Guzmán, de 58 años, ejerció el poder al lado de su entonces esposo, en el municipio costero de Tecolutla, una región con vocación turística y pesquera.
Siendo presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un cargo que se ejerce de manera honoraria, fue arropada por su expareja, el empresario gasolinero Wenseslao Santiago Castro, un político del entonces oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), y por la clase política conocida como el “duartismo”. Santiago llegó a ser alcalde de Tecolutla.
Quienes la conocieron la describen como una mujer de bajo perfil público, pero hábil para los negocios, administradora y opinadora en las “inversiones” del esposo. Y siempre cerca de su pareja, el alcalde ligado al grupo político del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), actualmente preso por corrupción y con un juicio abierto por delitos de lesa humanidad.
El munícipe logró tener una intensa cercanía con Duarte, gracias a su amigo y asesor del político hoy preso, el exgobernador de Oaxaca, José Murat, un viejo político del antiguo régimen priista.
Líderes políticos regionales consultados recordaron que Santiago logró trabar una relación cercana con Duarte, quien lo impulsó como candidato a la alcaldía de Tecolutla, un municipio de bajo perfil político y económico, y con altos niveles de marginación.
Denuncia. Fue en esa época de convulsión política, de graves señalamientos de desfalcos a las arcas públicas del grupo político gobernante y de violencia sin precedentes, cuando surgieron las alianzas políticas y los escándalos de Ortega.
Cuando el presidente municipal vio frustrada su intención de buscar, por segunda vez, la alcaldía de Tecolutla en el 2017, decidió impulsar a su esposa, Mayuli Ortega, como candidata a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México, en alianza con el PRI.
Fue durante el periodo de campaña cuando el opositor partido de derecha Acción Nacional (PAN) cuestionó irregularidades en la documentación que Ortega entregó a las autoridades electorales para registrarse como aspirante a la alcaldía, por lo que presentaron denuncias penales para invalidar su candidatura.
Encontraron que, en apariencia, había entregado documentación falsa que la acreditaba como mexicana.
Fue el representante del PAN ante los organismos electorales, Mizraim Castleán Enríquez, quien exhibió actas de nacimiento que acreditaban falsamente como mexicana a Ortega Guzmán: la primera de ellas es la número 199, del tomo I, del libro 1, y la segunda es el acta número 768, del libro 4, del municipio de Chetumal, en el estado de Quintana Roo.
A la par, fue presentado el pasaporte número 1-0627-0301 y una constancia de residencia permanente que la acreditaban como costarricense, por lo cual estaba impedida legalmente para buscar un cargo de elección popular.
En las votaciones, la costarricense no logró alzarse con la victoria, en parte –aseguran líderes políticos de esa época– por el escándalo de aparentes documentos falsos y por la baja percepción ciudadana sobre su entonces esposo.
La victoria fue para la alianza del derechista PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En agosto del 2017 y tras la revisión del expediente del caso presentado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, un juez de control determinó vincular a proceso; es decir, iniciar un juicio contra Mayuli Ortega.
El Universal solicitó información sobre el desarrollo del juicio, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Ante diputados de Costa Rica, Ortega presentó una hoja, no apostillada, donde se indica que una causa en su contra fue desestimada.
Un año después, en el 2018, su entonces esposo Wenseslao Santiago se lanzó como candidato a la diputación federal y Ortega fue designada como coordinadora distrital por el Partido Verde, por lo que hizo campaña al lado de su pareja.
En sus redes sociales, aparecen fotografías con el diputado federal del Partido Verde Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, en cuya administración el cartel de Los Zetas tomó el control del territorio, instaurando un sistema de cobros por extorsión y diversos delitos.
“Feliz cumpleaños, amigo mío, mi Líder y mi jefe. Un orgullo ser parte de tu caminar, eres mi admiración y un gran ejemplo. Dios te colme de bendiciones y que siempre sigas así haciendo política con el corazón. Te quiero mucho, Javier Herrera Borunda”, se lee en uno de los mensajes.
En sus redes sociales, la costarricense difundió imágenes donde aparece con el entonces candidato a gobernador, José Yunes Zorrila, así como con el líder sindical magisterial, Juan Nicolás Callejas Roldán, hijo del extinto y poderoso dirigente magisterial del viejo priismo, Juan Nicolás Callejas.
Presunto pago a trol. Después de las elecciones del 2018, en las que obtuvo el triunfo el candidato del partido oficial, Cuitláhuac García, ambos desaparecieron de la escena política de Veracruz.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, el nombre de Ortega surgió en Costa Rica en una investigación por el uso y pago de un trol para atacar opositores y periodistas, una práctica que fue y es sumamente común en el estado de Veracruz.
La Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos de Costa Rica aprobó una moción para convocar a interrogatorio bajo juramento a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y a la funcionaria de Casa Presidencial y ahora presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPS), Mayuli Ortega, por los pagos al trol Piero Calandrelli.
Ante una consulta de La Nación este martes, Ortega dijo que vivió en México por más de 30 años, es viuda de un ciudadano mexicano y actualmente es pensionada.
No accedió a un intercambio de preguntas y respuestas, pero indicó en un texto:
“No tengo ningún problema con la justicia de México. Hago una acotación sobre este particular, ya que ha circulado en distintos medios de información sobre un supuesto proceso contra mi persona en ese país, lo cual es absolutamente falso. No existe un proceso pendiente en mi contra, no fui sancionada o condenada penalmente”.
En la comisión legislativa, los diputados le preguntaron sobre las noticias que circularon en México, en torno a la denuncia por la presunta falsificación. Sin embargo, se abstuvo de responder.