Reelección de magistraturas
La reelección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia aparece, de manera recurrente, en la discusión nacional y legislativa. Actualmente, en la Asamblea Legislativa, se discute el proyecto 21612 que pretende una reforma constitucional para cambiar el diseño de votación para sus procesos de elección.
Busca que sean necesarios 38 votos para reelegirse en lugar del sistema vigente, según el cual la reelección se produce a menos que 38 diputaciones voten la remoción. Este no es un asunto menor, pues el Poder Judicial ejerce un gran equilibrio en nuestro sistema democrático y debe ser una garantía de respeto al orden institucional.
Las discusiones sobre la forma de elegir a las magistraturas datan de la redacción de la Constitución Política. Los constituyentes se debatían entre diversas alternativas, desde establecer la inamovilidad —como lo proponía la fracción socialdemócrata— hasta llegar a la redacción que finalmente se incorporó al texto constitucional, que dispone un nombramiento por un período de ocho años y la reelección opera de pleno derecho, salvo que dos terceras partes de la Asamblea Legislativa acuerden lo contrario.
En las actas, son elocuentes en esta vía las intervenciones de los constituyentes Fernando Baudrit Solera, Ramón Arroyo Blanco, Juan Rafael Arias Bonilla, Álvaro Chacón Jinesta y Fernando Vargas Fernández, quien pronuncia una frase contundente: “Prácticamente se ha establecido un sistema de inamovilidad”.
El constituyente se inclinó por esta tesis en pro de fortalecer la independencia judicial. El sistema en este momento garantiza a las magistraturas el no tener que inclinarse ni someterse al vaivén del poder político.
La fórmula acordada le da total garantía personal al juez que termina su período de que la no reelección es la excepción y, como tal, requiere un fundamento obligado y no el simple desacuerdo con las sentencias emitidas. Esto permite desempeñarse en el cargo con total autonomía e independencia, sin temor a asumir una u otra postura frente a los casos por resolver.
No obstante, el sistema reserva a una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa la posibilidad de cesar del cargo a una persona cuyas acciones violen algunos preceptos propios de su investidura o crucen la línea ética.
¿Ha funcionado el sistema? Sí, y esto contribuye a que nuestra Corte Suprema, gracias a las reelecciones, cuente con la presencia de juristas honorables y prestigiosos, que elevan el nivel de la justicia sentando jurisprudencia jurídicamente sólida, con la que podemos coincidir o no, pero jamás poner en duda la obligatoriedad de su cumplimiento y su peso académico y doctrinario. Las reelecciones también coadyuvan a la consistencia en la jurisprudencia y, por consiguiente, del sistema jurídico.
No puedo dejar de mencionar a algunos de los grandes jurisconsultos, como Fernando Baudrit, Edgar Cervantes, Fernando Coto, Luis Paulino Mora y Zarela Villanueva, quienes se desempeñaron en la magistratura durante más de veinte años.
Mucho habría perdido el país sin el profundo legado jurídico que dejaron.
Como historiadora no puedo más que defender el sistema actual, porque la historia nacional demuestra que funciona bien, razón por la cual no se justifica un cambio en nuestra carta magna. Pero además, aprendí en la Facultad de Derecho que si algún valor debemos tutelar en la administración de justicia es la independencia judicial.
En el contexto de un gobierno como el actual, que parece no creer en el principio de separación de poderes, fortalecer la independencia judicial es más relevante que nunca.
El que la reelección dependa de juntar cada período los votos de las diputaciones pondría a las magistraturas en una relación de dependencia política que es limitante de la estabilidad que debe tener su cargo para dictar sentencias con autonomía.
Esta preocupación también la señaló recientemente el Estado de la Nación.
Consecuente con lo dicho, se debe defender la independencia de la judicatura como parte de los más altos valores que cimientan las bases del Poder Judicial.
El Poder Judicial ejerce un gran equilibrio en nuestro sistema democrático