Fiscalía desestima causa contra Shirley Díaz por invasión de antivacunas
››Ministerio Público también desestimó acusación contra dragos dolanescu
La Fiscalía General desestimó la causa en la que se investigaba a la exdiputada Shirley Díaz Mejías por el presunto delito de motín. La excongresista participó, en enero del 2022, en una manifestación de personas antivacunas que derivó en un ingreso forzoso al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.
Díaz era investigada bajo el expediente N.° 22-0000100033-PE, el cual, según las autoridades, fue remitido al Juzgado Penal de Heredia, en mayo del 2022, con una solicitud de desestimación.
Los hechos investigados ocurrieron el 26 de enero del 2022. En aquel momento, trascendió un mensaje divulgado por un activista antivacunas de apellido Albertazzi, de que Díaz pidió que la acompañaran al hospital “para solicitar que liberen a un niño de seis años a quien tienen retenido porque lo quieren vacunar contra la voluntad de sus padres”.
Todo esto ocurrió en medio de una polémica por la vacunación obligatoria contra la covid-19. Entre empujones e intercambios de palabras, el grupo de antivacunas ingresó a la fuerza en el nosocomio, lo que obligó a la Policía a intervenir para desalojarlos.
Imágenes que circularon en redes sociales mostraban a la ahora exdiputada en las afueras del centro médico utilizando un megáfono para hablar a los manifestantes. Otros videos muestran a manifestantes forcejeando con oficiales de seguridad en un intento por ingresar a los salones internos.
‘Era lo que se esperaba’. Díaz aseguró el pasado jueves a La Nación que “la desestimación era lo que se esperaba”.
“Las personas que estuvieron en el hospital estaban claras en que, de mi parte, nunca hubo una instigación a que hubiese algún desorden. Todo lo contrario, yo llegué en son de paz a hablar con la directora del hospital de forma respetuosa”, dijo.
Añadió que su presencia en el hospital obedeció a la solicitud de los padres del niño que, al parecer, iba a ser vacunado: “Como representante popular los acompañé en mi condición de diputada”, detalló.
En ese momento, Díaz era candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nueva Generación (PNG).
La exlegisladora llegó a su curul en el 2018 por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En setiembre del 2021, se independizó de esa agrupación política.
La exdiputada también había recibido a los antivacunas en el Congreso. En el 2020, acuerpó y acompañó al grupo autodenominado Rescate Nacional que mantenía decenas de carreteras cerradas.
Otra desestimación. La Fiscalía también desestimó, el 28 de octubre del 2022, una causa en contra del exdiputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Dragos Dolanescu Valenciano, que se tramitaba bajo el expediente N.° 21-003470-0042-PE, por el presunto delito de divulgación de secretos.
Él era investigado por filtrar la clave del celular del ahora expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, durante la comparecencia del entonces mandatario ante la Asamblea Legislativa por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el 10 de febrero del 2021.
La clave filtrada por Dolanescu pertenecía a uno de los teléfonos que las autoridades judiciales le decomisaron al expresidente Alvarado y formaba parte de las evidencias que el Ministerio Público recolectó durante un allanamiento realizado a Casa Presidencial, en febrero del 2020.
Luego de la filtración, la Fiscalía pidió al entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, determinar la identidad de la persona o personas que facilitaron al diputado información del expediente.
En ese momento, el Ministerio Público detalló que un total de 55 personas, que no forman parte de esa institución, tuvieron conocimiento de información relacionada con la investigación, entre ellas las personas imputadas, abogados, técnicos y querellantes.
Cuatro causas abiertas. Cuatro causas más, contra cinco exdiputados, siguen en investigación, según informó el Ministerio Público a La Nación.
Se trata de las pesquisas contra Jonathan Prendas e Ivonne Acuña, de Nueva República; Silvia Hernández, de Liberación Nación Nacional; el independiente Erick Rodríguez; y Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana (PUSC). Todos ocuparon un curul entre el 2018 y el 2022.
Prendas es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentara una querella por supuestamente haber aceptado una dádiva de un empresario, la cual consistió en un viaje a España para participar en el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, en febrero del 2019, al tiempo que ganaba dietas en la Asamblea Legislativa.
La PEP, además, demandó civilmente a Prendas por la suma de ¢10 millones por el daño social ocasionado, así como la indemnización por el daño material y las costas correspondientes.
Acuña y Hernández se encuentran bajo investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes desde el 16 de febrero de 2022.
Acuña recibió su salario del Congreso pese a sus numerosas ausencias durante el 2021 y el 2022, sin comprobantes médicos que determinaran una condición de salud que le impidiera trabajar.
Por ejemplo, aunque salió del país desde el 11 de diciembre de 2021 y no regresó para cumplir sus labores como diputada hasta el final de su designación (el 30 de abril del 2022), cobró ¢14,3 millones en los meses de diciembre, enero y febrero. Hernández, en ese momento, era la presidenta legislativa.
La causa judicial también hace referencia al uso de combustible, pues Acuña habría pagado, el 30 de noviembre del 2021, más de ¢3,2 millones a una gasolinera en un solo día, pese a que en diciembre solo asistió dos días a laborar.
Erick Rodríguez, al igual que Acuña, es investigado por el presunto uso indebido del dinero que le otorga la Asamblea Legislativa a los diputados para comprar combustible.
La causa contra el exdiputado se tramita bajo el expediente N.° 20-000049-0033-PE, por un aparente peculado. De hecho, en marzo del 2022, el exdiputado devolvió más de ¢400.000 a la Asamblea Legislativa.
Finalmente, el excongresista Óscar Cascante es investigado, desde 2019, por un supuesto tráfico de influencias. En junio de 2021, el Ministerio Público explicó que, derivado de la investigación a un grupo delictivo que enviaba cocaína a Europa, se obtuvo información sobre la “presunta participación del señor Cascante en un delito”. Por ese campanazo se abrió la causa N.° 19-0000500033-PE contra el entonces legislador del PUSC.