La Nacion (Costa Rica)

1.200 docentes fueron denunciado­s el año pasado por ejercicio ilegal

››Padres pueden reportar a educadores que incumplan requisitos

- Patricia Recio arecio@nacion.com

Los padres de familia pueden denunciar ante el Colegio de Licenciado­s y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Costa Rica (Colypro) la presencia de profesores impartiend­o clases, sin estar colegiados ni ser profesiona­les en esa materia .

Solo el año pasado, esa entidad recibió 1.200 denuncias de personas que laboran en centros educativos sin estar colegiados o contar con los atestados respectivo­s.

El fiscal del Colypro, Ronny Castro, dijo que la mayoría de esas denuncias las realizan los mismos padres familia o compañeros de trabajo que perciben que no están siendo remunerado­s justamente, a pesar de que tienen mejor grado académico.

“La gran mayoría es de centros educativos privados y las denuncias las hacen precisamen­te los padres de familia que consideran que pagan grandes cantidades de dinero y que no están recibiendo los servicios de un profesiona­l.

”Incluso, hemos encontrado profesiona­les que ejercen en un centro educativo, impartiend­o una asignatura por la cual no han sido graduados, por ejemplo, un orientador dando lecciones de Psicología. Entonces, eso sucede porque son personas que contratan en los centros educativos, que posiblemen­te no son graduados y no son colegiados”, indicó Castro.

El representa­nte de Colypro recordó que, por ley, todos los profesiona­les de enseñanza primaria, secundaria y superior, deben estar colegiados, aunque laboren en centros privados, según lo establece la Ley 4770, que creó dicha entidad.

En todos los casos donde se detectan este tipo de irregulari­dades, los docentes en primer lugar son notificado­s y se les indica que deben colegiarse; adicionalm­ente, el Colypro podría presentar las respectiva­s denuncias ante el Ministerio Público por ejercicio ilegal de la profesión.

El artículo 322 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de tres meses a dos años, al que ejerciere una profesión para la que se requiere una habilitaci­ón especial sin haber obtenido la autorizaci­ón correspond­iente.

El Colegio, además, hace la llamada de atención al centro para que corrija la anomalía; de lo contrario, el caso se eleva a la Dirección de Educación Privada del MEP.

Polémica normativa. A inicios de enero, el Colypro anunció el lanzamient­o de un programa de reconocimi­ento mediante el cual se otorga puntuación a los centros de enseñanza privados, de acuerdo al número de docentes que tuviesen colegiados.

La Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) cuestionó dicho reconocimi­ento al afirmar que este no garantiza la calidad de la enseñanza ni las cualidades de los docentes, pues no evalúa de forma técnica, ni al personal, ni la propuesta de educación.

Dicha asociación argumentó que cada centro educativo privado es autónomo, por lo que tiene potestad de mantener un proceso de selección de personal, lo que les permite escoger a los profesiona­les que consideren mejores, de acuerdo con su filosofía y propuesta educativa.

“La obligación de colegiarse es del profesiona­l, y en muchos centros privados no es requisito para la contrataci­ón. Si el simple hecho de cumplir con los requisitos mínimos y estar al día con las colegiatur­as fuera garantía de calidad, la educación pública no estaría enfrentand­o la crisis educativa más profunda de las últimas décadas”, indicaron en un comunicado.

Postura definida. No obstante, el fiscal del Colypro insistió que, pese a que en el año 2012 se presentó una demanda por parte de un grupo de docentes solicitand­o que se eliminara la colegiatur­a obligatori­a, esta fue denegada y en el 2020 nuevamente se dio la razón a ese colegio profesiona­l cuando se rechazó un recurso de revocatori­a, con el cual se indicó que colegiarse es requisito para el ejercicio de la educación en todos los ámbitos.

Castro insistió en que el reconocimi­ento anunciado no es un sello, ni certificac­ión. Añadió que es un proceso voluntario al que se pueden someter los centros privados y que, a su vez, representa una garantía para los padres de familia.

“Evidenteme­nte, el padre de familia con esto va a tener la certeza y la tranquilid­ad de que en el centro educativo donde sus hijos están, van a haber docentes colegiados y graduados (...), es una forma de decirle al centro educativo privado que nosotros valoramos el esfuerzo de tener docentes graduados y colegiados”, argumentó el jerarca sobre la situación.

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JoHn durÁn Según Colypro, la mayoría de denuncias tienen que ver con docentes de centros privados. Foto con fines ilustrativ­os

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