Cobro de peajes en barrios
De acuerdo con el ministro Mario Zamora, otra de las actividades que ha aumentado la criminalidad en los últimos años es el cobro de “peajes” a quienes desean pasar por ciertos barrios o zonas de esos vecindarios. Lo realizan las bandas una vez que se posicionan en un territorio, y monopolizan el ejercicio de actividades ilícitas como los robos, pero también las lícitas como la libertad de tránsito o tener un negocio en el barrio.
“Las personas que sufren más y que son más víctimas de la criminalidad son los más pobres, los más vulnerables, los que no pueden pagar seguridad privada. Muchos ni siquiera pueden denunciar por el temor a represalias, son los que están pagando hoy peaje para poder salir de su casa, trabajar y vuelven a pagar el peaje para poder regresar. Esa realidad silenciosa que está viviendo un sector de la población”, enfatizó Zamora.
“Esa es una parte de las cosas en que los números de antes y los de ahora pueden ser los mismos, pero lo que hay detrás de ellos es lo que marca la diferencia. Eso yo no lo veía hace diez años, era algo que uno veía en otros países, como cosas muy extremas”, indicó.
Zamora agregó que en los barrios de la periferia sur de San José es donde más se evidencia este fenómeno, así como en el cantón central de Puntarenas. No descarta que otras zonas costeras estén relacionadas, sin embargo, actualmente solo tienen identificados esos puntos.
En 2020, una mujer fue detenida como sospechosa de dirigir una banda que se dedicaba a cobrar hasta ¢300.000 al mes por el paso de los habitantes de dos de las 11 comunidades de Tirrases, Curridabat.
A la organización también se le vinculó con amedrentar al disparar contra las casas de las personas que se negaban a pagar el “peaje”.
Igualmente, en 2017, dos grupos que operaban en Hatillo 2 y Concepción de Alajuelita, San José, cobraban un ‘peaje’ de entre ¢200.000 y ¢2 millones al mes a comerciantes de esas zonas.
“Esta actividad criminal es el germen de mucha violencia. Puede provocar delitos de otra naturaleza, afecta las actividades comerciales lícitas, viola los derechos de las personas y se puede extender al traslado por los lugares donde operan estas organizaciones criminales”, mencionó Wálter Espinoza, (Q.d.D.g.), entonces director del OIJ.