Diputados están a medio camino con plan de crimen organizado
››En diez sesiones se conocieron 269 mociones de las 529 presentadas
Los diputados ya lograron tramitar, en un término de cuatro días, el 50% de las mociones que presentó la congresista Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), al proyecto de ley contra el crimen organizado.
Al cierre de la última sesión extraordinaria del plenario realizada este jueves, terminaron con la votación de la moción 269, del total de 529 presentadas a la iniciativa, además de las mociones de revisión que ocasionalmente presentó Delgado.
Luego de aprobar, desde el martes, la celebración de numerosas sesiones extra del plenario, entre lunes y jueves hicieron los diputados 10 de las 14 sesiones que establece el Reglamento, en el mecanismo de vía rápida, para discutir mociones.
Ahora, solo restan cuatro sesiones en las que Delgado puede defender sus mociones y hablar igualmente por las mociones de revisión que presente, cinco minutos por cada una. A partir de la sesión 15, cae lo que en jerga legislativa se conoce como la ‘guillotina’, es decir, votación de las mociones que resten, sin posibilidad de usar la palabra.
De hecho, para hoy los diputados aprobaron realizar, además de la sesión de la mañana (en que se conocerá también el plan sobre jornadas 4-3), tres sesiones por la tarde.
El 27 de abril anterior, la Asamblea Legislativa aprobó darle vía rápida a la iniciativa.
Disputas. Por la gran cantidad de sesiones que han realizado los diputados, en las que han conocido 269 mociones, ya ha habido confrontación en el Partido Liberación Nacional (PLN), donde los restantes 17 verdiblancos le pidieron a Delgado retirar las mociones.
Además, uno de ellos, Gilberth Jiménez, criticó duramente a la legisladora, al punto que le solicitó renunciar a la agrupación política. El único miembro de la fracción que la acuerpa es Danny Vargas.
El pasado 19 de mayo Delgado difundió un video a través de sus redes sociales, donde aseguró que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, miente y dijo que la información que da este jerarca es contradictoria, tanto por la fecha en que Díaz afirma que debe estar aprobada la reforma, como por la cantidad de cabecillas de organizaciones criminales que podrían quedar libres, de no aprobarse el proyecto.
Díaz ha cuestionado públicamente los intereses de la congresista del PLN para bloquear el avance de la iniciativa.
El proyecto busca mejorar la redacción de la normativa vigente y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada, aclarando cuáles se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
La iniciativa establece que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no pueden ser convertidos en delitos de acción privada.
Adicionalmente, el proyecto busca que los asuntos sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y que se dupliquen los de etapa intermedia, así como los de prisión preventiva y los plazos para la continuidad y suspensión del debate, entre otros.
La iniciativa aclara a quién le corresponde nombrar el personal de la JEDO en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como la imposibilidad de reelegir el personal pasados ocho años.
El proyecto faculta al Ministerio Público para que, una vez esté vigente la Jurisdicción Especial, se pueda solicitar por intermedio del fiscal general o el fiscal subrogante, independientemente de la etapa procesal, que la JEDO se arrogue el conocimiento de las causas de delincuencia organizada ya existentes o en trámite.
Un transitorio del proyecto en discusión establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales de adecuar los plazos de prisión preventiva estipulados actualmente, tanto para los asuntos en vía ordinaria con un plazo de 12 a 18 meses, y en Jurisdicción Especial, de 12 a 24 meses.
Por su parte, el fiscal Díaz ha explicado en múltiples ocasiones la urgencia de que se apruebe el plan, para evitar la salida de cabecillas de bandas criminales de la prisión.