Gobierno mantiene el uso agrícola de un plaguicida letal para abejas
››Informe técnico concluye que ese producto representa ‘riesgo inaceptable’
Han pasado 14 meses desde que, el 18 de marzo del 2022, cinco instituciones públicas recomendaron al gobierno prohibir el uso agrícola del plaguicida Fipronil por el “riesgo inaceptable” que implica para las abejas.
No obstante, el producto sigue usándose en Costa Rica.
El informe técnico lo realizaron los ministerios de Salud, Agricultura (MAG) y Ambiente (Minae), junto al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), por una disposición de la Sala Constitucional.
En noviembre del 2021, la Sala IV requirió a esas instituciones determinar la afectación del Fipronil en las abejas y otros insectos polinizadores, y emitir las medidas necesarias para resolver la situación.
La disposición obedeció a un recurso de amparo gestionado por la entonces defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Ella presentó la acción legal luego de recibir una denuncia del presidente de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, Juan Bautista Alvarado, quien alegaba que el Fipronil ocasiona la muerte masiva de abejas.
Contraproducente. En enero de 2022, las cinco entidades públicas citadas determinaron que el Fipronil representa “riesgos inaceptables para las abejas, al ser utilizado en ambientes abiertos”.
Por tanto, emitieron recomendaciones para cada uno de los cuatro tipos de uso del plaguicida: hh1 Uso agrícola. El informe recomendó prohibir gradualmente el uso agrícola del Fipronil a lo largo de tres años.
La orden debía darse mediante un decreto ejecutivo, cuyos responsables serían Salud, MAG, SFE y Minae.
El documento fijó un plazo máximo de ocho meses, que se venció el 18 de noviembre del 2022, para aplicar la disposición. hh2 Uso veterinario. El análisis sugirió regular el uso veterinario del Fipronil mediante un decreto ejecutivo, para lo cual delegaron como responsables al MAG, Minae y Senasa, con un plazo máximo de ocho meses para hacerlo, el cual se venció el 18 de noviembre del 2022.
También, se pidió que la etiqueta del químico advirtiera de que “puede afectar adversamente a los organismos acuáticos y a las abejas”. hh3 Uso doméstico. El criterio propuso mantener el uso doméstico, dado que esa utilización específica no representaba un riesgo importante. hh4 Uso profesional. El documento recomendó prohibir el uso profesional del Fipronil mediante un decreto ejecutivo, para lo cual se delegó como responsables a Salud y Minae y se fijó un plazo máximo de ocho meses.
En noviembre del 2022, el presidente Rodrigo Chaves junto con la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, firmaron un decreto que prohibía el uso profesional del plaguicida. Actualmente, ese decreto está suspendido por el Tribunal Contencioso-Administrativo.
Para el uso agrícola y el veterinario, el gobierno no ha implementado las recomendaciones.
Este medio consultó al Minae y a Casa Presidencial por qué no se han emitido los decretos ejecutivos para regular el plaguicida, pero al cierre de edición, no hubo respuesta.
El vocero de la fundación ambientalista BlueGreen Always, Tomás Matarrita, criticó que el gobierno publicara el decreto para eliminar el uso profesional, pero omitiera el uso agrícola, pese a que este último es el que genera más problemas para la fauna y los ecosistemas.
“El uso agrícola es el mayoritario, el que mueve más dinero y donde está el mayor daño. En vez de usar Fipronil, pueden usar otros productos que no afectan el medio ambiente; de hecho, el Fipronil está prohibido en más de 30 países a nivel mundial, incluyendo la Unión Europea”, explicó Matarrita.
Alternativa. En el informe técnico publicado por las cinco instituciones citadas en marzo del 2022, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) explicó que en el país se encuentra registrado un producto a base de clorantraniliprole, que es una posible alternativa en el futuro para el control de plagas, en vez del Fipronil.
Este producto tuvo la aceptación de los tres ministerios involucrados en el proceso de registro:Salud, Minae y MAG.
El pasado 27 de enero, el abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, Mario Peña, presentó una gestión ante la Sala Constitucional en la cual pedía declarar al gobierno en incumplimiento de la sentencia emitida por ese mismo órgano en noviembre del 2021.
Peña argumentaba que ya se había vencido el plazo de ocho meses para la ejecución de las medidas acordadas, pero no se había regulado el uso veterinario ni prohibido el agrícola.
Sin embargo, su recurso fue declarado sin lugar.