Industria alimentaria: Paquete tributario ‘aplastaría’ micro y pequeñas empresas
››legisladores deberían ‘abortar idea’, afirmó cámara del sector
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) consideró que la propuesta del gobierno que obligaría al sector de las micro y pequeñas empresas a pagar el 30% de sus ganancias por impuesto sobre la renta, las empujaría a la informalidad o las obligaría a desaparecer.
El vicepresidente de Cacia, Mario Montero, indicó que el 55% de la industria alimentaria está conformada por empresas de menos de cinco trabajadores.
“En una situación como la que estamos atravesando, que venimos saliendo de varias crisis, prácticamente esta propuesta reventaría a muchas empresas o haría que la gran mayoría sigan operando en la informalidad”, señaló.
Actualmente, el segmento de la micro y pequeña empresa paga con base en porcentajes escalonados, que van desde el 5% al 20%, de acuerdo con su nivel de utilidades.
Este viernes, en un comunicado de prensa, Cacia manifestó que identifica un “efecto aplastante” sobre las micro y pequeñas empresas como consecuencia de dicha carga tributaria.
“Nos parece que esa es una idea que debería ser abortada de primera instancia por los legisladores”, agregó Montero a La Nación.
Paquete. El 18 de mayo, el Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa cinco propuestas de ley con cambios tributarios. Las iniciativas incluyen, además, reformas en el impuesto a la propiedad de vehículos, la eliminación de exoneraciones fiscales, y un proyecto para dar más potestades a Hacienda para el cobro de impuestos, entre otros modificaciones.
El proyecto de reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta indica que se fijará una tarifa única, “con independencia de los ingresos brutos que haya tenido la persona jurídica, uniformándose así el tratamiento para este tipo de contribuyentes y eliminándose el enanismo fiscal que se ha dado en la actualidad, originado por la escala progresiva dispuesta para personas jurídicas”.
Para la especialista en impuestos Silvia Castro, la medida estaría generando un golpe económico importante para las micro y pequeñas empresas que durante el periodo fiscal no sobrepasen los ¢122.145.000 de ingresos brutos, que es el rango que actualmente le indica a una persona jurídica que su impuesto a las utilidades se determinará con la tarifa del 30%.
Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó las críticas sobre esta propuesta como “otra mentira enorme porque no entienden los números ni la lógica económica”.
Dijo que el 60% de este sector declara cero utilidades.
“No es que van a pagar, porque no existe ni siquiera la generación de utilidades para pagar impuestos”, afirmó, y agregó que pueden seguir en el régimen simplificado, en el cual no van a pagar impuesto sobre la renta.
En la misma línea, el mandatario justificó la medida bajo el alegato de frenar la elusión fiscal, que se estaría dando para evitar o disminuir el pago de impuestos.
Las reglas del juego. Por otro lado, el vicepresidente de Cacia se refirió al proyecto de Ley de Fortalecimiento del Control Tributario, que propone reformar varios artículos del Código de normas y procedimientos tributarios.
Montero indicó que el desconocimiento del debido proceso o la importancia de la intervención de un juez antes del inicio de procedimientos administrativos son algunos de los aspectos que analizan de la propuesta.
“Nuevamente, vamos a entrar en un debate sobre las reglas del juego en materia de procedimientos tributarios. No sabemos qué es lo que se pretende, pone nuevamente a Costa Rica en un clima en el cual cualquier inversionista, desde el más chiquitito hasta una transnacional, ve a Costa Rica como un país donde nunca se sabe lo que va a pasar en materia de reglas tributarias”, aseguró el vocero.
Montero señaló que en el 2018 el país pasó por un “trauma” social, económico y político con la discusión de la última reforma tributaria que, a su juicio, fue el preámbulo de una recesión que se agravó con la emergencia por la pandemia de covid-19.
Al respecto, Chaves justificó que desde hace 40 años no se revisa el Código de normas y procedimientos tributarios.
“Lo único que estamos haciendo es pidiendo mecanismos para los grandes evasores, los megaevasores”, expresó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Por otra parte, este viernes, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por medio de un comunicado, también hizo pública su oposición al aumento o la creación de cualquier tipo de impuesto.