Culpar a la Contraloría
En un episodio del cada vez más insípido show de los miércoles, el presidente Rodrigo Chaves hizo un nuevo berrinche por los excesos que, según alega, está cometiendo la Contraloría General de la República en sus labores de fiscalización.
Chaves reclamó supuestos cambios en el patrón de comportamiento de la institución dirigida por Marta Acosta, al señalar que antes era “laxa”, pero ahora es “estricta” y realiza más auditorías.
El mandatario también se quejó de la rigurosidad con que la Contraloría cumple su mandato constitucional y sostuvo que las “interpretaciones” emitidas por la entidad frenan proyectos clave de su gobierno.
Confrontada con los hechos, queda claro que la última diatriba presidencial está construida a base de contradicciones e insinuaciones temerarias que no soportarían un examen riguroso.
En primer lugar, afirmar que la Contraloría realizaba antes controles flojos y que ahora es más rigurosa es un señalamiento muy serio que debería estar sustentado en evidencias contundentes.
Sin embargo, como ya es costumbre en esta administración, no hay pruebas ni datos que sostengan lo dicho. Todo el fundamento se circunscribe a un discurso pirotécnico y vacío que busca desacreditar.
En segundo lugar, el primero que debería celebrar que haya mayor rigurosidad en la fiscalización es el presidente, quien está llamado a velar por la buena gestión del Estado y el uso eficiente de los recursos públicos.
Pero Chaves critica a la Contraloría por realizar “mejor” su trabajo, poniendo una vez más de manifiesto la incomodidad que siente al tener que someter sus polémicas decisiones al sistema de pesos y contrapesos.
Además, no es cierto que las “interpretaciones” emitidas en el edificio piramidal de Sabana sur frenaran proyectos trascendentales como Ciudad Gobierno y la compra de escáneres antidrogas.
Recordemos que lo que hizo la Contraloría fue advertir sobre la existencia de ilegalidades y procedimientos irregulares. Le corresponde al Poder Ejecutivo decidir si corrige los problemas o si insiste en la ruta equivocada.
Es claro que el gobierno quiere responsabilizar a otro por sus tropiezos e incapacidad de ejecutar. En el pasado, enfiló los ataques contra jueces, magistrados, diputados y periodistas. Tal parece que llegó el turno de culpar a la Contraloría.