Magistrada y jueza lanzan duras críticas a plan para combatir la inseguridad
› revelan que, de aprobarse, generaría duplicaciones en el Poder Judicial
Patricia Vargas, magistrada de la Sala de Casación Penal, y Rosaura Chinchilla, jueza penal, lanzaron duras críticas a un proyecto de ley que propone juzgar mediante un procedimiento especial delitos que se consideren derivados del narcotráfico.
En comparecencias ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, ambas dijeron que la propuesta no aportaría nada al combate contra la inseguridad y, más bien, generaría duplicidades en el Poder Judicial, además de exponer al país a demandas internacionales.
El proyecto, presentado por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), plantea que se declaren como narcoactividad delitos como el robo de combustible o el femicidio, bajo el argumento de que se compruebe que estén vinculados con actividades de tráfico de drogas.
La iniciativa, además, plantea plazos de prisión preventiva que podrían extenderse más de ocho años, propone la eliminación de medidas alternativas y beneficios carcelarios y que los juicios puedan ser llevados a cabo en tribunales ordinarios o en la recién creada Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
Sin especificar. La magistrada Vargas señaló, como imprecisión inicial, que el proyecto no especifica los delitos que serían causales para ordenarse una tramitación como narcoactividad. En su criterio, esta falta de precisión no debe subestimarse.
Agregó que el texto no explica cuál debe ser la conexión necesaria entre el hecho investigado y la causa que justificaría la declaración especial de narcoactividad, ya sea basada en probabilidad o sospecha policial. Además, cuestionó que, por un delito que se castigue con una pena de seis meses de prisión, se permita una prisión preventiva de ocho años si se le declara narcoactividad.
Vargas señaló que el principio acusatorio se vería comprometido, pues permitiría la instauración de normas excepcionales sin requerir pruebas suficientes. Esto podría resultar en situaciones como la imputación de la actividad de narcotráfico a personas no responsables del delito, dijo.
Por su parte, la jueza Chinchilla señaló que el proyecto establecería duplicidad de funciones, al plantear aspectos que ya contienen el Código Procesal Penal y las leyes contra la corrupción y el crimen organizado, además de que que afectaría la ley contra la violencia hacia las mujeres.
Exclusión. Vargas cuestionó que, al establecerse que el Ministerio Público sea el único órgano autorizado para presentar la solicitud ante los tribunales para el procedimiento especial, se excluye de manera inequívoca a la recién creada Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, dejándola prácticamente sin función.
Dijo que alrededor de la mitad de procesos que se tramitan en esta jurisdicción están vinculados al narcotráfico.
El proyecto tampoco define el concepto de “manifestación crimogénica”, un término recurrente en el documento, según la magistrada. De hecho, el nombre del proyecto es “Ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones crimogénicas”.
Este vacío conceptual deja la interpretación de dicho término en manos de los tribunales, cuando la tarea de definir y clarificar conceptos legales debería corresponder exclusivamente a los legisladores, según dijo.
Asimismo, la magistrada destacó una problemática en relación con la prisión preventiva, explicando que se niega la posibilidad de revisar esta medida cautelar durante el primer año, y que el texto contiene plazos desproporcionados.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado la importancia de hacer revisiones periódicas para evaluar la pertinencia y necesidad de las medidas de prisión preventiva, considerando la evolución de los peligros que justificaron su imposición inicial.
Revisará el texto. El diputado Campos comunicó a las comparecientes que su propuesta no aborda la creación de una jurisdicción especializada, sino la implementación de un procedimiento especial.
Además, consideró una garantía para los investigados que el Ministerio Público gestione la declaratoria del procedimiento especial, una vez cuente con los elementos de prueba.
“Hay cosas que ustedes han señalado relevantes que vamos a revisar, y veremos cómo enriquecemos el texto con lo que ustedes han expresado”, añadió.