Presidente de Guatemala cita a fiscala que lideró ofensiva en su contra
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, citó a la fiscala general Consuelo Porras, a quien señaló de liderar un intento de “golpe de Estado”, a una reunión para el próximo miércoles en la que se espera que le pida la renuncia, como previamente ha anunciado.
El mandatario, quien asumió el poder el pasado lunes, “envió este viernes una invitación formal a la fiscal general” para que “sostengan una reunión en el despacho presidencial”, señaló el gobierno en un comunicado, sin precisar si le pedirá que dimita.
La cita está prevista para el 24 de enero a las 10 a. m. en el Palacio Nacional de la capital, de acuerdo con el texto.
El socialdemócrata, de 65 años, anunció que esta misma semana llamaría a Porras para pedirle la dimisión. Por ley, el mandatario no puede remover al fiscal general.
“La citaremos al despacho para pedirle la renuncia. Lo he dicho públicamente y lo reitero: en esa cita le solicitaré la renuncia y espero que tenga el buen sentido de entregarla”, expresó el político el miércoles en una entrevista con la cadena de televisión CNN en Español.
Porras, de 70 años y considerada por Estados Unidos como “corrupta” y “antidemocrática”, es acusada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de “socavar” la democracia y poner en riesgo la transición presidencial por cuestionadas investigaciones.
La Fiscalía a cargo de la funcionaria emprendió una persecución judicial contra el presidente después de que este dio la sorpresa al colarse al balotaje en junio.
También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en el 2017.
Además, el órgano fiscalizador considera que las elecciones del año pasado son “nulas” por presuntas irregularidades en las actas que contienen los votos.
Todas esas acciones fueron calificadas por el gobernante como un “golpe de Estado” para evitar que asumiera la presidencia.
Antes de los comicios, Porras arrastraba acusaciones de perseguir penalmente a fiscales, jueces y periodistas -muchos de ellos en el exilio- en represalia por sus investigaciones contra la corrupción.