Dos puentes sobre la ruta 27 están en condición deficiente
› estructuras en la Ceiba y Coyolar presentan grietas y desprendimientos
Dos puentes vehiculares ubicados sobre la ruta 27 presentan daños estructurales que los colocan en estado deficiente, según un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme).
Las dos estructuras comunican calles vecinales y se sitúan en las comunidades de La Ceiba y Coyolar de Orotina, Alajuela, a su paso por los kilómetros 63 y 57, respectivamente, de la vía entre San José y puerto Caldera.
En el caso del puente en Coyolar, el informe EIC-Lanamme-INF-1717-2023, elaborado en diciembre del 2023 y del cual La Nación tiene copia, detalla que existen grietas en bastiones, desprendimientos en sistemas de contención, refuerzos expuestos y oxidados, hay filtraciones en algunas losetas, así como grietas menores en la superficie.
Además, la altura máxima indicada en el puente es menor a la que realmente posee, las aceras no cumplen con el ancho requerido, lo que dificulta el paso de los peatones, y la demarcación es borrosa.
El informe concluye que al registrar una calificación global de “deficiente” se recomienda incluir a esa estructura en un programa de mantenimiento basado en la condición, para preservar y reducir el deterioro de los distintos elementos.
Daños moderados. En el caso del puente ubicado en calle Loros, que también pasa por encima de la ruta 27, en la localidad de La Ceiba de Orotina, los ingenieros determinaron que la condición se cataloga como “deficiente”, debido a los daños moderados en varios de los elementos funcionales y estructurales que pueden afectar su capacidad y operatividad.
El documento EIC-Lanamme-INF-1678-2023, elaborado en noviembre del año anterior, menciona que durante la inspección se observaron desprendimientos por aparentes impactos en las vigas principales, así como acero de presfuerzo expuesto que se encuentra cortado en menos de un 2% del área original.
Adicionalmente, el sistema de drenaje del tablero del puente no cuenta con bajantes y también se observaron algunos desprendimientos considerables en el cabezal de uno de los bastiones.
Para esa estructura, la recomendación también es que sea incluida en el programa de rehabilitación para evitar que se comprometa la capacidad estructural.
La atención de ambos pasos elevados es responsabilidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pues no forman parte del corredor de 78 kilómetros adjudicado a la concesionaria Ruta 27. El costo de las obras se desconoce.
En agosto del año pasado, el Lanamme divulgó un informe que detalla la condición de todas las estructuras a lo largo de la ruta 27. Según este, al menos 11 de los 43 puentes urgen de una intervención o rehabilitación.
Dicho análisis señaló que del total de estructuras, 32 están en condición regular, una en estado “aceptable”, nueve se ubican como “deficientes” y una registra una situación “alarmante”. Ninguna es catalogada en buena condición.
Según el más reciente inventario de estructuras elaborado por ese laboratorio, de los 1.927 puentes existentes en rutas nacionales del país, solo 10 (051,%) están en “condición satisfactoria” y 828 (43%) califican como “deficientes”.
El inventario añade que otros 462 (24%) están en estado “alarmante”; 280 (14,5%) en situación “regular”; 258 (13%) “desconocida”; 51 (2,5%) en “falla inminente” y 38 (2%) en condición “aceptable”.
El pasado 8 de enero, el director del Conavi, Mauricio Batalla, afirmó que hay más de 500 puentes en mal estado, los cuales están “ordenados” según su condición en el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP).
De estos, aseveró, hay “200 (por los) que ni siquiera se debería estar pasando”, pero que no es posible cerrarlos porque colapsaría el país.
El director del Conavi añadió que los puentes “se van a seguir cayendo”, mientras no se cuente con los recursos del crédito para riesgo inminente ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Dicho financiamiento aún se encuentra pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa y ha enfrentado una serie de cuestionamientos no solo de parte de varios diputados, sino también del Banco Central y de la Contraloría General de la República, debido a su alto costo.
Adicionalmente, según el decreto que enlista las estructuras que se atenderán con esos fondos, los recursos solo alcanzarían para intervenir 88 estructuras de las 500 en condición más crítica.