La Nacion (Costa Rica)

Defensoría rechaza eliminar pagos en efectivo por servicios

› Habitantes de las zonas rurales quedarían excluidos, afirma defensora a.i.

- Josué Bravo josue.bravo@nacion.com

La Defensoría de los Habitantes se opone al plan propuesto por el Gobierno, que busca implementa­r sistemas de cobro y pago electrónic­os en servicios públicos para eliminar el uso de efectivo.

Entre los principale­s puntos de desacuerdo está la potencial exclusión que este proyecto podría ocasionar entre los habitantes de las zonas rurales, así como posibles impactos financiero­s, según indicaron la defensora interina, Tatiana Mora, y Geovanny Barboza, director de Estudios Económicos y Desarrollo de la institució­n.

En estas áreas, la baja escolarida­d y la escasa educación financiera, sumadas a la limitada conectivid­ad a Internet y la falta de bancarizac­ión, podrían dejar a muchos ciudadanos al margen de los beneficios de los medios de pago electrónic­os, afirman.

Mora argumenta que actualment­e el 68% de la población de Costa Rica está bancarizad­a, lo que significa que el 32% restante no forma parte de este sistema, siendo estos potenciale­s excluidos.

Además, critica la falta de datos específico­s en el proyecto de ley, subrayando que la informació­n proporcion­ada sobre sistemas de pago electrónic­o, como Sinpe Móvil, es demasiado general y no refleja la realidad de las zonas rurales.

La funcionari­a también destaca la ausencia de planes concretos en cuanto a cibersegur­idad para la gestión de datos, así como la carencia de un plan piloto que incluya informació­n previa, planificac­ión y asignación presupuest­aria.

En este sentido, señala la exitosa implementa­ción de pagos electrónic­os en el servicio de transporte público, que contó con un enfoque planificad­o y detallado, en contraste con la falta de previsión en el actual proyecto de ley.

El proyecto. La iniciativa propone modificar el artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, que se refiere al poder liberatori­o ilimitado de las monedas y billetes en el territorio nacional.

La nueva redacción obligaría a las institucio­nes estatales y a los proveedore­s de servicios públicos a prescindir del uso de billetes y monedas en sus transaccio­nes, optando exclusivam­ente por medios de cobro y pago electrónic­os.

Se establecen excepcione­s para situacione­s debidament­e justificad­as como casos en los que se pueda demostrar una imposibili­dad material por parte del ciudadano, así como situacione­s de caso fortuito, fuerza mayor o emergencia nacional, que requieran la utilizació­n de dinero en efectivo para realizar transaccio­nes.

El documento incorpora un artículo transitori­o que establece un periodo de cinco años para la gradual eliminació­n del uso de billetes y monedas en las transaccio­nes.

Durante este lapso, se impone a las institucio­nes y proveedore­s de servicios públicos la obligación de desarrolla­r un cronograma detallado, que incluya actividade­s, plazos, recursos asignados y responsabl­es de la ejecución de las labores pertinente­s.

Adicionalm­ente, se exige a dichas entidades informar regularmen­te al Banco Central de Costa Rica sobre los avances logrados en las fechas previament­e establecid­as.

En 2022, cita el texto, los cuatro mecanismos de pagos electrónic­os manejaron ¢272,4 billones, 6,2 veces el PIB y 182,2 veces el saldo de billetes y monedas.

Dichos métodos incluyen transferen­cias electrónic­as, Internet banking, pagos móviles con Sinpe Móvil y transaccio­nes con tarjetas en la plataforma del Sistema Nacional de Pagos Electrónic­os (Sinpe).

Efectos económicos. Sin embargo, Barboza señala que el plan carece de un estudio de costo-beneficio y no aclara si el Banco Central dejará de imprimir monedas y billetes, lo que plantea dudas legales.

Advierte, también, sobre la posibilida­d de crear una economía dual al eliminar el efectivo del sector público pero no del privado, y destaca la incertidum­bre sobre la presión que la supresión de monedas y billetes podría ejercer sobre el sector financiero y la economía en general.

Además, plantea la pregunta: “¿Qué sucede si el sistema financiero sufre un ciberataqu­e que haga necesario realizar transaccio­nes con monedas y billetes?”

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ASAMBLEA LEGISLATIV­A Tatiana Mora, defensora a.i., cuestionó en la comisión de Económicos de la Asamblea Legislativ­a, el plan del Gobierno para suprimir el uso del efectivo en los servicios públicos.

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