Diputados presentan dos planes para endurecer penas por armas ilegales
nuevas regulaciones sobre armamento serían tramitadas mediante vía rápida en el Congreso
Dos proyectos presentados por los diputados Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR), y Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), buscan endurecer las penas de prisión por posesión y uso de armas ilegales, así como restringir que personas condenadas con penas privativas de libertad accedan a ellas.
Se trata de los planes N.° 24.070 y N.° 24.095, a los cuales el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, propone dar vía rápida, luego de que se discutan en la comisión de trabajo integrada por representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
En la actualidad, la legislación distingue entre dos tipos de posesión ilícita de armas: el primer caso es sobre aquellas que sí son permitidas, por ejemplo, que una persona tenga un revólver sin los permisos correspondientes.
El segundo es la posesión, uso, fabricación, comercialización y acopio de armas que están prohibidas en Costa Rica, como lo son los fusiles de asalto y aquel armamento que dispara en ráfaga.
Las iniciativas de Navas y Jiménez abordan, principalmente, este segundo escenario.
Incremento de penas. Las iniciativas proponen aumentar las penas de prisión para las personas que cometan una serie de delitos estipulados en la Ley de Armas y Explosivos. Entre las condenas que subirían se encuentran las siguientes:
1. Actualmente, se castiga con 3 a 6 años de prisión a quien acopie más de tres armas prohibidas. La iniciativa dispone que esta pena sea de 5 a 10 años de prisión. Además, se consideraría acopio a la posesión de más de dos armas prohibidas.
2. Aumentaría el castigo por introducción y tráfico de armas y materiales prohibidos, que hoy día es de 3 a 8 años de prisión. Pasaría de 6 a 12 años.
3. Incrementaría la sanción por introducir armas al país clandestinamente, sin importar si estas son o no permitidas. La condena, es actualmente de 3 a 6 años de prisión; se establecería de 7 a 14 años.
4. La pena por comercio de armas, explosivos y pólvora, que actualmente es 3 a 7 años de prisión, se fijaría en 6 a 12 años de cárcel. También subiría la condena para propietarios o gerentes de negocios cuyos empleados incurran en este delito, siempre que se compruebe que tuvieron conocimiento de los ilícitos y no los detuvieron.
5. Aumentaría la condena para quienes fabriquen, exporten o importen armas, municiones o pólvora sin permisos. La pena actual es de 2 a 6 años de prisión, y pasaría a ser de 5 a 10 años. Al igual que en el caso anterior, crecería el castigo para propietarios o gerentes cuyos empleados incurran en el delito.
Para todos estos delitos el proyecto dispone que la pena se amplíe en un medio si son cometidos por el crimen organizado.
Las propuestas de los congresistas también pretenden restringir el acceso a armas para personas condenadas con penas privativas de libertad. La ley actual solamente dispone esta prohibición para quienes estén cumpliendo la pena.
Asimismo, los textos buscan que se agraven las penas para quien posea un arma permitida que esté inscrita a nombre de otra persona y haya sido reportada como extraviada o robada.
En esa misma línea, dispone que se cancele automáticamente el permiso de portación a los propietarios de un arma que sea decomisada a un tercero, sin que esta haya sido reportada como robada o extraviada. Si el arma se le decomisa a un menor de edad sin que haya sido reportada, se cancelará la inscripción del arma, el permiso de portación y se impondrá una multa. Si se llegara a determinar que el artefacto fue facilitado por el propietario al menor, se sumará una pena de cuatro años de prisión.
Ajustes. Además de las modificaciones a la ley de armas, los proyectos de ley proponen cambios al Código Penal.
El primero consiste en elevar hasta en un 50% la pena de un homicidio calificado cuando este sea cometido con un arma de fuego prohibida.
Asimismo, las iniciativas buscan que se imponga una sanción de 3 a 6 años de prisión por agresión con arma, dado que actualmente es de 2 a 6 meses. Si la acción se realiza con arma no permitida, el castigo aumenta en un 50%.
También aumentaría la pena de prisión por agresión calificada, que, actualmente, es de 6 a 12 meses, y pasaría a ser de 2 a 4 años. Al igual que en el caso anterior, si la agresión se da con un arma prohibida, la sanción se incrementa en un 50%.
Finalmente, aumenta en un 50% la condena para los robos agravados que sean cometidos con armas de fuego.
La parte final del proyecto N.° 24.095 ordena que se agregue un nuevo artículo al Código Penal. Actualmente, el artículo 111 establece la pena de 12 a 18 años de cárcel por homicidio simple.
No obstante, al añadirse el nuevo artículo 111 bis, se determina una sanción de 15 a 20 años para los homicidios simples en los que se utilicen armas de fuego. Además, si se trata de un arma prohibida, la pena se eleva hasta un 50%.
También se crearía un artículo 89 bis en la Ley de Armas y Explosivos, que impondría una pena de 6 a 10 años de prisión por la fabricación y tenencia ilegal de piezas, mecanismos o elementos constitutivos de armas prohibidas.
Por último, el mismo castigo se decretaría a quien posea componentes mecánicos que conviertan un arma permitida en una prohibida.