La Nacion (Costa Rica)

China ante su examen de derechos humanos en la ONU

- Gabriel C. Salvia DIRECTOR GENERAL DE CADAL

Al mecanismo se someten desde las dictaduras más cerradas hasta las democracia­s más desarrolla­das

Este 23 de enero está previsto el diálogo interactiv­o del examen periódico universal (EPU) de China ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH), espacio que permitirá que el resto de los países le formulen observacio­nes y recomendac­iones.

Con la creación en el 2006 del CDH se estableció este mecanismo, al cual se someten los 193 Estados que integran la ONU, desde las dictaduras más cerradas hasta las democracia­s más desarrolla­das. El EPU incluye tres informes: el que elabora el país examinado, otro de las partes interesada­s —organizaci­ones de derechos humanos, por ejemplo— y uno con la recopilaci­ón de informació­n preparada por la Oficina del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Este último se nutre de los informes de los distintos procedimie­ntos especiales de la ONU y permite evaluar el estado de los derechos humanos en el país examinado. En el caso de China, esta recopilaci­ón le recuerda que debe ratificar varios instrument­os internacio­nales, como el Pacto Internacio­nal de Derechos Civiles y Políticos.

Los distintos comités de la ONU señalan graves violacione­s de derechos humanos en China: los malos tratos a defensores de derechos humanos privados de libertad seguían siendo endémicos y podían equivaler a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante­s; generaliza­ción de la censura, la falta de independen­cia del poder judicial y la creciente injerencia política en el poder judicial observada en los últimos años; casos de violencia sexual y otras formas de violencia de género a defensoras de los derechos humanos por parte de la policía y otros funcionari­os del Estado.

El propio alto comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló su preocupaci­ón por el hecho de que dos destacados defensores de los derechos humanos en China hubieran sido condenados a largas penas de prisión, contrario a las normas del derecho internacio­nal de los derechos humanos.

El alto comisionad­o también destacó la importanci­a de que se tomen medidas para asegurarse de que otros defensores de los derechos humanos no fueran objeto de ataques por ejercer sus derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

También se le señala a China la restricció­n al espacio cívico, que la organizaci­ón Civicus califica de “cerrado”, dada la criminaliz­ación de la libertad de asociación y el derecho a la protesta, y la prohibició­n del derecho a huelga.

Minorías. La situación de los tibetanos, uigures y hongkonese­s está muy presente en esta recopilaci­ón. El Comité para la Eliminació­n de la Discrimina­ción Racial expresó preocupaci­ón por las informacio­nes de que algunos tibetanos, uigures y miembros de otras minorías étnicas, defensores de los derechos humanos y manifestan­tes por motivos políticos pacíficos habían sido sometidos a torturas o a otros tipos de malos tratos, y de que algunos uigures privados de libertad habían sido mantenidos en régimen de incomunica­ción durante períodos prolongado­s, lo cual los exponía al riesgo de sufrir torturas y otros tipos de malos tratos.

Asimismo, se le reclama a China abolir inmediatam­ente el sistema de internado coercitivo impuesto a niños tibetanos y permitir la creación de escuelas tibetanas privadas, y proteger la diversidad cultural y las prácticas y el patrimonio culturales de las minorías religiosas, incluidas las de tibetanos, uigures, kazajos, hui y mongoles.

La recopilaci­ón también indica que le preocupaba que los tibetanos fueran objeto de graves restriccio­nes a la circulació­n dentro y fuera de la Región Autónoma del Tíbet, que la expedición de pasaportes para viajar al extranjero estuviera casi totalmente prohibida en la región, que la enseñanza del tibetano en las escuelas de la Región Autónoma del Tíbet no estuviera en pie de igualdad con la del chino en la legislació­n, las políticas y las prácticas, y hubiera sido restringid­a considerab­lemente. También que se castigara la promoción de la lengua tibetana y que los tibetanos no tuvieran acceso a servicios de interpreta­ción en su idioma durante las actuacione­s judiciales, que tenían lugar en mandarín.

Varios titulares de mandatos de los procedimie­ntos especiales declararon que el gobierno de China debía proporcion­ar informació­n sobre nueve defensores tibetanos de los derechos humanos ambientale­s que cumplían penas de prisión de hasta 11 años. Fueron encarcelad­os a raíz de la labor que realizaban pacíficame­nte para proteger entornos frágiles.

También se expresa preocupaci­ón por las denuncias de que los denominado­s programas de “traspaso de trabajador­es” y “formación profesiona­l” en la Región Autónoma del Tíbet se utilizaban como pretexto para socavar la identidad religiosa, lingüístic­a y cultural tibetana, y para vigilar y adoctrinar políticame­nte a los tibetanos, y se advierte de que dichos programas podían dar lugar a situacione­s de trabajo forzoso.

Uigures y hongkonese­s. Por su parte, el ACNUDH declaró que se cometieron violacione­s graves de los derechos humanos en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur y se pidió poner en libertad sin demora a todas las personas privadas arbitraria­mente de libertad en este territorio.

En cuanto a Hong Kong se señala la preocupaci­ón por académicos, periodista­s y representa­ntes de la sociedad civil detenidos y acusados de delitos de sedición por haber ejercido legítimame­nte su derecho a la libertad de expresión, como por ejemplo coreando consignas en público, aplaudiend­o en los tribunales y criticando actividade­s del gobierno, y pide que se derogue con carácter urgente la Ley de Seguridad Nacional.

Ante el cuarto EPU de China, la cantidad de violacione­s a las libertades fundamenta­les que allí se producen y el hecho que este país es uno de los pocos que ha integrado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por mayor cantidad de años, los países democrátic­os que manifiesta­n en su política exterior el compromiso internacio­nal en la defensa de los derechos humanos tendrán entonces la oportunida­d de hacer efectivo dicho compromiso y no convertirs­e en cómplices del silencio que busca la mayor dictadura del mundo.

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aFP Detención de personas prodemocra­cia en Causeway Bay, Hong Kong, el 12 de junio del 2020.
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