38 congresistas extienden vida útil de buses 2007 y 2008 por un año más
Los diputados aprobaron este martes en segundo debate un proyecto de ley para extender por un año la vida útil de los autobuses de modelos 2007 y 2008 de los micro, pequeños y medianos empresarios de transporte público afectados económicamente por la pandemia de covid-19.
En la votación, 38 legisladores se pronunciaron a favor de la iniciativa, mientras que seis lo hicieron en contra: cinco del Frente Amplio (FA) y Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
El plan es un transitorio que se incluye en la ley de tránsito, donde se establece una prórroga de un año, por una única vez, para los autobuses de ruta regular que este año cumplen 17 y 16 años.
Ese año aplicará a partir del momento en que entre en vigencia la ley, es decir, ya firmada por la Presidencia de la República y publicada en el diario oficial, La Gaceta.
Actualmente, la normativa establece que el máximo de vida útil para los autobuses es de 15 años. La iniciativa solo aplicará para empresas de transporte público en modalidad autobús que estén clasificadas como micro, pequeñas y medianas, según la categorización que establece la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Igualmente, será para cooperativas de transporte público que entren en dichas categorías. Originalmente, el plan buscaba aplicar el beneficio a todas las empresas, sin importar el tamaño.
El expediente legislativo 23.782 establece que la entidad encargada de realizar la inspección técnica vehicular, actualmente Dekra, debe verificar antes que las unidades de autobús cumplan con los requisitos técnicos de transporte público para esta habilitación.
“Las unidades de transporte que sobrepasen los 15 años de antigüedad, y se acojan al plazo adicional establecido en el presente transitorio, deberán realizar la inspección técnica vehicular cada cuatro meses y cumplir con las condiciones de accesibilidad establecidas en la Ley 7600”, dice el texto aprobado.
La verdiblanca Álvarez dijo que se opuso porque “las personas con discapacidad merecen un servicio de transporte público de calidad, pero también las personas usuarias en general”.
Alegó que, si bien la nueva versión del expediente hizo varios cambios y se enfoca en pequeñas empresas, además de que la Sala Constitucional lo avaló, ella está del lado de las organizaciones de personas con discapacidad.
La jefa del FA, Sofía Guillén, se pronunció de manera similar, y recordó que, en la Comisión de Asuntos Económicos, ella y su bancada intentaron incidir lo más posible en el proyecto.