Supremos poderes piden vía rápida para planes sobre seguridad
› Mesa de trabajo programará reunión con jefes de las seis bancadas
Los presidentes de los supremos poderes acordaron impulsar una vía rápida, en la Asamblea Legislativa, para 10 proyectos de ley sobre seguridad ciudadana, luego de una reunión efectuada entre los jerarcas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial: Rodrigo Chaves, Rodrigo Arias y Orlando Aguirre, respectivamente.
De las 10 iniciativas, según comentó el fiscal general, Carlo Díaz, cuatro ya se convocaron en la agenda del Congreso, tres están presentadas y tres permanecen en redacción.
Los cuatro expedientes en la agenda legislativa son:
➤ 1. Una reforma para impedir la naturalización a extranjeros condenados por delito doloso, con pena de prisión superior a los tres años en los últimos diez años, sea en Costa Rica o en el extranjero.
➤ 2. Un plan sobre capitales emergentes que permitiría al Estado disponer de bienes que las personas no puedan justificar, mientras se espera una sentencia.
➤ 3. Ampliar a diez años o más el periodo durante el cual deben constar, en el registro judicial, las condenas recibidas por las personas a partir del momento en que terminen de cumplir la sentencia.
➤ 4. Un incremento en las penas para quienes se dedican a los préstamos gota a gota. Las sanciones alcanzarían los 15 años en el caso de que el delito sea cometido por bandas del crimen organizado.
Díaz precisó que el segundo grupo, el de textos presentados pero aún no convocados, está compuesto por las siguientes reformas:
• Ampliación de los delitos en que el Poder Judicial puede efectuar intervenciones telefónicas en las investigaciones, además de establecer un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes de escuchas.
• Endurecimiento de penas por posesión y uso de armas ilegales.
• Una reforma para modificar el otorgamiento de tobilleras electrónicas.
En cuanto a los textos que en redacción figuran:
• Un proyecto que ampliaría el margen para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos.
• Una iniciativa para endurecer las penas a los adultos que usen menores de edad en delincuencia.
• Una reforma para ampliar los procesos judiciales contra los menores de edad.
Actualmente, el plazo para formular una acusación y solicitar el internamiento de un menor es de 24 horas, lo cual, en algunos casos relacionados con crimen organizado, se percibe como un período relativamente breve. Por ende, se busca extender este tiempo para asegurar un proceso más exhaustivo y adecuado en situaciones de mayor complejidad, según el fiscal.
Díaz y Chaves coincidieron en que las propuestas son herramientas para la lucha contra la criminalidad, sobre todo contra el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia abierta.
Arias explicó que la mesa de trabajo de los supremos poderes programará una reunión con las jefaturas de las seis fracciones legislativas.