Mano política en el Max Peralta

Ha quedado demostrado que hay una decisión política del gobierno de Rodrigo Chaves y su presidenta ejecutiva en la CCSS, Marta Esquivel, para impedir la construcción del nuevo hospital de Cartago en el terreno comprado hace 13 años en El Tejar, cantón de El Guarco.

Él, como economista agrícola, ella, como abogada, han perdido valiosos días en idear pretextos para no construir en ese lote, mientras los profesionales en construcción, un día sí y otro también, los desbaratan con criterios técnicos. El Colegio de Geólogos verificó que “no existe” evidencia de una posible rotura del sistema de fallas en el terreno y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos advirtió de que “cualquier decisión de no continuar con el proyecto será exclusivamente política, no basada en las reglas de la ciencia y de la técnica”.

Para poner punto final, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó la viabilidad ambiental. Antes, la Auditoría Interna de la CCSS y la Gerencia de Infraestructura concluyeron que el lote cumple con todas las regulaciones técnicas. ¿Entonces?

El porqué de que Chaves y Esquivel estén empecinados en no construir es inexplicable, más porque en el intento incurrieron en pifias, como cuando el mandatario frenó la obra al confundirse con otro terreno, o cuando Esquivel dijo estar coordinando con EE. UU. para traer geólogos de California, a lo cual la embajada respondió que no coordina la visita.

Mientras pasan días, semanas y meses sin soluciones viables y coherentes, la situación en el hospital viejo es de terror, como lo describió una paciente en un reportaje en La Nación, en el cual se reafirmó que el hacinamiento y el caos son una real canallada contra los asegurados.

Las incongruencias también son muy evidentes. Chaves, quien no cesa de lamentar que la Contraloría General de la República supuestamente obstruye proyectos de interés de él, es precisamente quien más obstruye la construcción de un centro médico de interés para cuando menos 750.000 cartagineses, con el agravante de que, en el caso de la provincia, cuanto más tarde la solución, mayor cantidad de vidas corren peligro.

Lo responsable es no dar más excusas, que se hagan a un lado y que permitan a los que saben resolver el problema.