Legislador apura proyecto de ley para combatir falsos secuestros virtuales
El diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que en dos semanas espera presentar un proyecto para combatir los falsos secuestros virtuales, modalidad nueva en el país del que la familia de Vargas estuvo en riesgo de ser víctima el domingo.
Vargas y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, indicaron este miércoles en conferencia de prensa que el proyecto consiste en modificar la Ley de Telecomunicaciones,
para que las empresas telefónicas deban dar información al OIJ que facilite ubicar en tiempo real a quienes cometen este delito.
Tal delito es cometido por bandas que contactan a sus potenciales víctimas bajo la apariencia de ser potenciales clientes interesados en adquirir servicios. Acuerdan citas en zonas solitarias, y una vez en el lugar, manipulan a sus víctimas haciéndolas creer que han sido secuestradas por un grupo vinculado al narcotráfico, con el objetivo de extorsionar a sus seres queridos.
Zúñiga explicó que esta modalidad delictiva ya se usaba en otros países, e incluso un grupo de costarricenses fue víctima de ella en Cancún, México, por lo que era de esperarse que se empezara a practicar en Costa Rica.
El director señaló que el proyecto está siendo elaborado por la Comisión de Seguridad y Crimen Organizado del Colegio de Abogados, y le permitiría al OIJ geolocalizar los celulares desde los que se cometen los hechos, bloquear direcciones IP y números que estén generando los falsos secuestros. Zúñiga indicó que, de momento, solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene este tipo de tecnología. El plan le daría un año al resto de operadoras para implementarla.
Una vez listo, el texto será presentado por Vargas, quien añadió que estos hechos se deberían tipificar como secuestro, no como un tipo de estafa. “Debemos empezar a analizar cómo este tema visto como extorsión o estafa, sí es un secuestro. Al final, tienen retenidas horas o días a las personas.
Creemos que esto debería tipificarse diferente para que la pena sea mayor”, dijo.
El primer caso en Costa Rica fue reportado el pasado 18 de enero, cuando un grupo delictivo intentó hacer creer a empleados de una empresa de remodelación que estaban siendo víctimas de un secuestro, para cobrarles $15.000 a sus familias a cambio de ser liberados.
En el caso del diputado Vargas, su primo fue contactado e instado a ir a un punto de Guanacaste para ver a unos supuestos clientes. Cuando iba de camino, en una zona aislada, recibió un mensaje que decía que había entrado a un “anillo de seguridad del cartel Jalisco Nueva Generación” y se le ordenó que no se bajara de su auto, porque le estaban apuntando. Le mandaron un enlace para que depositara $5.000.