La Nacion (Costa Rica)

Combatamos la corrupción en las municipali­dades

- José Joaquín Arguedas H. eXdIreCTor del servICIo CIvIl

L a corrupción no es posible erradicarl­a, solo combatirla, dado que en muchas sociedades impregna todo el quehacer de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Tal vez la versión más descarnada la vemos en el régimen municipal, en nuestro pedacito de país, como lo llama acertadame­nte el Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso mismo, es de especial trascenden­cia que votemos el primer domingo de febrero, con la seguridad de que algo va a cambiar.

El término corrupción cubre una amplia gama de actividade­s humanas. El Banco Mundial, por mucho, se impone en estudios generales y específico­s sobre el fenómeno y lo define como el “abuso de un cargo público para obtener ganancias personales”, es decir, cuando un funcionari­o acepta, pide o exige un soborno. También lo es cuando las personas ofrecen sobornos para eludir políticas y procesos públicos y, de esa manera, obtener una ventaja o provecho sobre la competenci­a.

Los beneficios públicos obtenidos mediante sobornos son de distinto tipo y magnitud. Los contratos y otras ventajas pueden ser enormes o muy pequeños. Las sumas implicadas en la corrupción en gran escala —indica el Banco Mundial— suelen llegan a la primera plana de los periódicos —por ejemplo el de la empresa constructo­ra Odebrecht en América Latina—, pero los costos totales en menor escala pueden ser iguales o mayores por el volumen de la distorsión tanto monetaria como económica. El trabajo del servidor público “le pertenece esencialme­nte a la sociedad”, nos recuerda un documento del Departamen­to Administra­tivo de la Función Pública de Colombia; por ello, no cabe la arrogancia, la displicenc­ia, la falta de honradez, el desperdici­o de los recursos, el tráfico de influencia­s. El servicio público es un bien general profanado por la baja calidad conceptual y técnica. El ciudadano es y debe ser el verdadero dueño de lo público.

Encontramo­s en nuestro entorno municipali­dades que han estado dominadas durante décadas por el clientelis­mo, en las que el intercambi­o de sobornos y favores es práctica común.

La corrupción, o su fomento, de ninguna manera es ajena a cada uno de nosotros. Nunca he propuesto mi nombre a un cargo de elección popular, pero he tenido la osadía alguna vez de acompañar a un valiente candidato a alcalde o diputado.

La experienci­a sinceramen­te no fue placentera. Lo que muchos parroquian­os, sin ningún sonrojo, pedían al candidato, en palabras coloquiale­s de algunos de ellos, era “ilegal, inmoral o engordaba”.

Mi acercamien­to a la “cultura” municipal costarrice­nse se une en dos vertientes: como ciudadano usuario en los cantones donde he residido y por la oportunida­d que tuve de dirigir el Servicio Civil.

La Dirección de Servicio Civil contaba con una unidad de asesoría municipal, pero la cerré en el 2012 porque en la práctica los gobiernos locales la torpedeaba­n y a fin de cuentas no cumplía su propósito.

Al alcalde en vez frenar el monto de la planilla y tamaño de esta más bien le conviene que suba exponencia­lmente, porque de esta manera su sueldo siempre debe estar un 10 % más alto que el de sus subalterno­s, así lo establece el Código Municipal, y el alcalde es fiel cumplidor de la normativa y debe subirse el salario.

Algo similar sucede con las alzas desmedidas de las dietas de los regidores, sobre lo que editoriali­zó este medio el 9 de enero. La gobernanza política municipal tiene costos desproporc­ionados para su importanci­a estratégic­a municipal, como en el caso de Alajuela, por encima de los ¢7.000 millones anuales.

Decía al comienzo de este comentario que la corrupción no es posible erradicarl­a, pero sí controlarl­a. Una forma es dejar de apoyar estructura­s político-funcionari­ales que desde antaño echaron raíces y que, como el cáncer, hicieron metástasis en las organizaci­ones.

Limpiemos con nuestro voto toda esa putrefacci­ón, independie­ntemente de si es un partido tradiciona­l, nacional o local el que ejerce el poder. Aprovechem­os que esta vez una buena cantidad de gamonales, dueños de vida y hacienda en distintos cantones, ya no podrán reelegirse.

Que los nuevos van a ser arcángeles, no lo puedo asegurar, mas lo cierto es que no actuarán con la pericia indeseable de otros que llevan décadas en el oficio.

Salgamos a votar por el pedacito de Costa Rica más importante, por nuestro cantón.

No son pocos los gobiernos locales que han estado dominados por el clientelis­mo

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