CGR llama a cuentas a alcaldía de Alajuela por contratación a MECO
La Contraloría General de la República (CGR) pidió cuentas a la Municipalidad de Alajuela por su intento de adjudicar cinco contrataciones menores a la constructora MECO, que en conjunto suman ¢3.500 millones, en vez de haber hecho una licitación mayor.
Según la CGR, el proceso licitatorio efectuado durante los últimos meses del 2023 incumplió con requisitos básicos para cualquier contratación, como criterios técnicos, estudios de mercado y análisis comparativos financieros.
Mediante el oficio DFOEDEC-0018, del 11 de enero, el órgano contralor señaló a la Proveeduría Municipal de Alajuela que el ayuntamiento pretendió utilizar el mecanismo de licitaciones menores para contratar obras viales bajo la modalidad de trabajos por demanda, cuando lo procedente era optar por un procedimiento de licitación mayor.
Seis licitaciones. Según datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), esa municipalidad sacó a concurso seis licitaciones para el mantenimiento de la red vial cantonal por 12 meses, cada una por ¢712 millones. En cinco, aparece MECO como ganadora, por lo que el monto total de las adjudicaciones otorgadas a esta firma ascendería a ¢3.500 millones.
El ayuntamiento alajuelense argumentó al órgano fiscalizador que, al separar la contratación en seis sectores, buscaba promover la competencia; sin embargo, la alcaldía carece de análisis comparativos, estudios de mercado e informes legales que acrediten que la fragmentación del mantenimiento vial realmente permitiera mayor competencia.
Los carteles de las seis licitaciones especifican que se trata de contrataciones menores por demanda, pero detallan las vías y tramos por reparar, lo que significa que existe una necesidad previa definida.
“No toda fragmentación del objeto es ilícita, sino que la ilegalidad surge cuando, existiendo una necesidad definida y presupuesto aprobado, se promueven dos o más concursos menos rigurosos, sea con el fin de inobservar el procedimiento usual, o bien, la fase recursiva de ese acto de adjudicación”, explicó la CGR en el oficio.
Otra de las observaciones de la Contraloría sobre el nuevo proceso de contratación se centró en el análisis de gasto eventual, ya que en algunos casos se supera el monto anual especificado en Sicop.
También se menciona la falta de información en los carteles sobre el tiempo de cada contratación y prórrogas.
La CGR recalcó, igualmente, que en los documentos de la municipalidad no consta la existencia de particularidades que justifiquen las diferencias en las cotizaciones ni la escogencia del procedimiento de licitación menor.
Ante una consulta de La Nación, la constructora MECO dijo que desconocía la existencia de ese oficio de la Contraloría, pero insistió en que será respetuosa de las resoluciones que emita. “No es competencia del contratista escoger el tipo de procedimiento de contratación a utilizar, sino de la administración, en este caso, la Municipalidad de Alajuela”, indicó la empresa por escrito.
En diciembre del 2023, regidores de la Municipalidad de Alajuela objetaron estas contrataciones, alegando que el alcalde Humberto Soto pretendía hacer pasar las licitaciones por un proceso menos complejo para ahorrar tiempo.
Intento. Según un acta del Concejo del pasado 14 de noviembre, Soto habría intentado que los regidores aprobaran un trámite de vía rápida para la propuesta de la licitación 2023 LE-00015-000050001, pero algunos se negaron.
A los regidores les preocupó el antecedente del Caso Diamante, investigación judicial que salió a la luz pública en noviembre del 2021, por supuestas anomalías en obras viales municipales. La pesquisa involucra a seis alcaldes, funcionarios municipales y a las compañías Meco y Explotec.
El actual alcalde, Humberto Soto, fue uno de los detenidos esa vez. Por ese caso, el PLN se opuso a que buscara la reelección enarbolando la bandera verdiblanca y, en las elecciones del domingo, él se postula con el Partido Nuestro Pueblo. Este medio buscó conocer la reacción de Soto, mas no contestó las consultas.