Poder Ejecutivo retira recurso de revocatoria sobre escáneres
Solicitud fue hecha a la cGr por el Servicio Fitosanitario del Estado
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció ayer que retiró el recurso de revocatoria presentado ante la Contraloría General de la República (CGR), luego de que esta institución ordenara frenar la polémica compra de escáneres a través de Radiográfica Costarricense (Racsa).
En una nota enviada a la contralora general, Marta Acosta, el presidente Chaves afirmó que retiró el recurso con el objetivo de hablar de ese tema en la reunión que ambos jerarcas sostendrán mañana a las 2 p. m..
En una nota previa, Acosta había advertido al mandatario de que, en ese encuentro, no se podría, bajo ningún motivo, abordar temas relacionados con investigaciones en curso o asuntos cuyas decisiones sean responsabilidad exclusiva de la Administración.
De igual manera, aclaró que no podía referirse al contenido de la orden vinculada al tema de los escáneres porque “como es de su conocimiento, fue recurrida por parte del director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), el 8 de enero del 2023, gestión que se encuentra en trámite”.
El director ejecutivo del SFE, Nelson Morera, envió este 30 de enero un oficio al órgano contralor en el que solicitó dejar sin efecto el recurso, “con fundamento en un interés superior de la institución”.
En la carta enviada a Acosta, Chaves aseguró que le interesa “conversar sobre el tema de escáneres, Ciudad Gobierno y la desaprobación de los presupuestos de instituciones públicas”.
Fecha límite. La inclusión de este tema llega fuera de la fecha límite establecida por Acosta para determinar la agenda que se discutiría en la reunión.
El pasado jueves, cuando confirmó la fecha y hora para la reunión solicitada por el presidente, la contralora recalcó que aún estaba pendiente la definición de los temas a tratar y le dio al mandatario plazo hasta este lunes para definir la agenda. Chaves remitió la nota un día después.
Acosta también le pidió a Chaves indicar cuáles funcionarios lo acompañarán para asegurar el equipo técnico correspondiente de parte del órgano contralor.
El presidente le respondió que lo acompañará un grupo de ministros integrado por Laura Fernández, de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán); Luis Amador, de Obras Públicas y Transportes (MOPT); Mario Zamora, de Seguridad (MSP); Anna Katharina Müller, de Educación (MEP) y Víctor Carvajal, de Agricultura y Ganadería (MAG).
Participarán también el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, y un asesor jurídico cuya identidad no fue precisada.
Inicialmente, la contralora le dijo al presidente que se grabaría el audio de la reunión y se publicaría en la página web de la Contraloría. No obstante, por solicitud de Chaves, acordaron realizar una transmisión en vivo.
Aunque Acosta le dijo que transmitirían la actividad por el canal de YouTube de la CGR y que su personal se encargaría de esto, Chaves insistió el martes en que también sea compartida en las redes sociales de Casa Presidencial.
Chaves se ha quejado en conferencias de prensa por la rigurosidad de la CGR en su labor de fiscalización de los recursos públicos.
Expresó especial molestia luego de que la Contraloría frenó el proyecto Ciudad Gobierno y la compra de escáneres a Racsa por ilegalidades en los procedimientos emprendidos por el gobierno.
Freno. En el caso de Racsa, por ejemplo, el Ejecutivo pretendía que el Servicio Fitosanitario le adjudicara un millonario contrato a Radiográfica sin necesidad de concurso público, apelando a la figura de contratación entre entes públicos por excepción.
No obstante, la Contraloría advirtió de que, para ese mecanismo, se requiere que la entidad proveedora sea especialista en la materia y provea al menos el 70% de los bienes y/o servicios contratados y, en este caso, Racsa no fabrica escáneres.
Lo que había hecho la empresa estatal era asociarse con un consorcio privado a través de un proceso confidencial. Chaves alega que la CGR hace interpretaciones de la ley, y sostiene que ahora la Contraloría hace más auditorías y estas son más estrictas.
La decisión del órgano contralor (de frenar la compra) ocurrió tres días después de que La Nación diera a conocer que el entonces presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Braulio Venegas –quien debió renunciar al cargo por su relación con un sospechoso de narcotráfico y lavado del Caso Corona– fue quien enlazó a Racsa con el representante de la empresa que se convirtió en su socio estratégico en el negocio de los escáneres antidroga.