Abogado apelará sentencia de 7,5 años de prisión en contra de Ofelia Taitelbaum
› Hijo de costurera que denunció fraude tributario lamenta lentitud del caso
La sentencia de 7,5 años de prisión, dictada el 11 de enero contra la exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum, será apelada antes de la fecha límite, que es el 15 de febrero, afirmó su abogado Hugo Navas, quien dice que hubo errores de procedimiento en el juicio que deben ser dilucidados.
La primera sentencia por 9 años contra la exfuncionaria se dictó el 29 de agosto del 2019, pero fue apelada y el pasado 11 de enero, en un juicio de reenvío, la pena se redujo a 7,5 años, por 29 delitos de uso de documento falso.
La condena incluye el pago de ¢5 millones al Estado por daño social y ¢1 millón por las costas del juicio.
El por tanto establece que la pena deberá descontarla en el centro penal correspondiente, conforme a los reglamentos penitenciarios vigentes. Aunque se dictó por 72,5 años de prisión, se reduce a 7,5 debido a las reglas del concurso material que se aplican cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos.
La Fiscalía indicó ante consulta de este medio que no están valorando apelaciones al fallo judicial pues les interesa que la sentencia quede en firme, para que se inicie el proceso de ejecución de la pena lo antes posible.
Taitelbaum fue denunciada en el 2014 cuando un hijo de la costurera sancarleña María de los Ángeles Otárola, intentó asegurarla. Esa vez la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó la solicitud, argumentando que la costurera figuraba con ingresos millonarios, como contribuyente de impuestos sobre la renta debido a una supuesta asesoría a firmas vinculadas a la entonces defensora de los habitantes.
A raíz de esta denuncia tuvo que dejar el cargo para el cual había sido reelegida.
Aunque han transcurrido casi 10 años desde que se conocieron los hechos, los recursos legales aún permiten nuevas recusaciones que dan más largas a este asunto en los Tribunales.
Una vez que la sentencia quede en firme, la única forma de que la exfuncionaria, de 75 años, evite descontar la pena en prisión es por problemas de salud que deben ser valorados por un médico forense.
Agotará recursos. De acuerdo con Navas, luego de analizar la sentencia integral solicitó al Tribunal una “adición de aclaración”, por lo que este miércoles tendrá una audiencia en torno a ello en los Tribunales Goicoechea, donde se dictó la sentencia condenatoria.
De igual forma, llevará ante los jueces de apelación su tesis de que el debate nunca se debió llevar a cabo porque estuvo ausente Axa Carballo, la abogada de Iliana Vargas, coimputada en el juicio, quien era asistente de contabilidad de Taitelbaum.
De acuerdo con Navas, la abogada Carballo pidió reprogramación del juicio y ni siquiera le contestaron, por lo que no llegó.
Vargas falleció en enero del 2019, antes de que se realizara el contradictorio. Para Navas es un error que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento para la difunta al final del debate y no al inicio. Sostiene el abogado que ese “error” obligaba a que la abogada Carballo estuviera presente porque había una acción civil en juego.
Un seguro pendiente. La costurera sancarleña María Otárola asegura que ella conoció a la exdefensora cuando Taitelbaum era viceministra de Vivienda y ella residía en un precario que la funcionaria visitó en Pavas. Agrega que nunca tuvieron una relación comercial, pues ella no tiene los conocimientos suficientes para ofrecer un servicio semejante.
Cuando el caso se elevó a juicio no calculó que el proceso iba a extenderse tantos años. Incluso, califica como incomprensible que el veredicto haya tardado tanto tiempo en concretarse, pese a que una prueba grafoscópica demostró que ella no había firmado ninguna declaración de renta que la vinculara con los negocios de Taitelbaum.
Ella insiste en que esta lentitud en el proceso penal le impidió obtener un seguro ante la Caja, por medio de su hijo Roy. La Nación verificó que no aparece asegurada.
Andrey Sánchez, director de Coberturas Especiales de la CCSS, explicó que para la Caja el proceso penal no afecta el trámite para el seguro familiar, por lo que es viable la gestión que pueda realizar la familia de Otárola en ese sentido.
La protección familiar se gestiona siempre y cuando se demuestre el vínculo con la persona asegurada directa y que la persona beneficiaria no esté realizando alguna labor lucrativa que la obligue a cotizar ante la Caja.