Ministerio de Justicia investiga a funcionaria por casarse con un reo
› El despacho no aclaró el posible conflicto que se investiga de oficio
Una funcionaria del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), que funge como orientadora, afronta una investigación administrativa por contraer matrimonio con un reo.
El supuesto enlace entre la funcionaria y el recluso se habría llevado a cabo recientemente, pues al consultar los datos de la mujer en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se consigna que existe un “matrimonio en trámite”.
Este jueves, en un comunicado de apenas cinco líneas, el Ministerio de Justicia anunció la apertura de una investigación de oficio “para esclarecer la veracidad de los hechos”. Sin embargo, no brinda mayores detalles de si existe un posible conflicto de intereses.
Fuentes allegadas a ese despacho indican que pudo haberse dado una resolución administrativa que habría favorecido al recluso con un beneficio carcelario. Además, que la investigación determinaría si la funcionaria formó parte de ese trámite.
La Nación le envió consultas al ministro de la cartera, Gerald Campos, y a su oficina de prensa para confirmar o descartar esta versión, pero al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
También se le consultó a la oficina de prensa si en este caso aplica el artículo 40 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Justicia y Paz, que prohíbe trato preferencial a los privados de libertad y sus parientes, pero tampoco hubo respuestas.
Sin emitir prejuicios. Por su parte, Benjamín Sevilla, miembro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aseguró a este medio que tienen conocimiento del caso.
“La posición de ANEP es muy clara: no defiende a ninguna persona que establezca nexos indebidos con la población privada de libertad o personas señaladas por actos de corrupción”, externó.
“Por respeto a los principios constitucionales de defensa y presunción de inocencia, tampoco podemos emitir juicios de valor. Le corresponderá a la administración determinar la verdad real de los hechos, si la relación existe, si se gestó en el centro penal, si es una conducta sancionable por ley, entre otros. Por su parte, la funcionaria podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”, agregó Sevilla.
El Colegio Profesional de Orientadores de Costa Rica, ante consulta de este medio, confirmó que analiza el caso.
“No podemos externar una posición, pues apenas se está iniciando con la investigación. En caso de que se logre determinar alguna responsabilidad y se establezca por parte de los órganos competentes responsabilidad por parte de la profesional, se aplicará lo que estipulan los estatutos del Código de Ética del Colegio”.