Documento del BCIE causó dudas sobre entrega de Ciudad Gobierno al Estado
› mideplán afirma que Contraloría hace una lectura errónea de memorando
Un memorando del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sobre los términos del acuerdo de financiamiento y ejecución del proyecto Ciudad Gobierno, generó dudas sobre si el BCIE entregará al Estado costarricense los edificios que construiría en terrenos públicos, al sur de San José, una vez concluido el periodo de 25 años de alquiler.
A la luz del memorando, la Contraloría General de la República (CGR) interpreta que el contrato no incluye la posibilidad de que el complejo pase al patrimonio del país mediante opción de compra o transferencia, mientras que el gobierno y el BCIE afirman que esa es una lectura errónea.
El documento fue enviado el 1.° de setiembre del 2023 por el BCIE a la comisión interinstitucional del gobierno que coordina el proyecto. La comisión está integrada por los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica, Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Hacienda, Justicia, Educación y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu).
Literalmente dice que “la transferencia de propiedad, al final del contrato, se determina que no se efectúa porque es una decisión que no se estaría adoptando desde la suscripción de la contratación. Es decir, es una condición posible, pero depende del contexto que el gobierno de ese momento y el BCIE determinen con respecto al complejo inmobiliario”.
Desde el 9 de agosto del 2023, la coordinación del grupo está a cargo de la ministra Laura Fernández, del Mideplán.
CGR preocupada. La contralora general, Marta Acosta, llamó la atención al presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre este aspecto, durante la reunión que sostuvieron el 1.° de febrero, debido a que el complejo se construiría en terrenos públicos, en las cercanías de plaza González Víquez.
Acosta también citó una nota del director de Contabilidad Nacional, Errol Solís, en la que califica el proyecto como un “arrendamiento operativo”, porque, entre otras cosas, no se hace la transferencia al Estado de los edificios que se construirían para instituciones públicas.
Lo dicho por Solís fue incluido por la Contraloría en la prevención que remitió al Ejecutivo sobre la ilegalidad del procedimiento que pretende utilizar para desarrollar Ciudad Gobierno, al no estar en línea con los supuestos establecidos en la Ley General de Contratación Pública (LCGP).
La CGR explicó que suprimir la opción de transferencia de bienes le “imprime incertidumbre” e “inseguridad” al proyecto y lo aleja de ser una “solución definitiva para resolver el pago de alquileres, objetivo que el Poder Ejecutivo califica de prioritario”.
“Mientras las construcciones no pasen a manos del Estado se tendría que seguir pagando sumas de dinero por la ocupación de los nuevos edificios”, concluyó la Contraloría.
Ante consulta de La Nación, el despacho de la ministra Laura Fernández afirmó que la CGR hace una “interpretación errónea”.
“Lo que de la nota se desprende es que al final del arrendamiento, el gobierno puede decidir si quiere y conviene a los intereses del país seguir contratando la operación y el mantenimiento, pero nunca seguir pagando lo correspondiente al componente de infraestructura dentro de la cuota de arrendamiento, porque los edificios ya estarán debidamente pagados”, afirmó.
Por su parte, el BCIE señaló que el memorando trataba de explicar que, al término de los 25 años de contrato, el gobierno tendrá la decisión de renovarlo, o no.
“Igualmente durante el lapso del contrato, el gobierno puede en todo momento, a su discreción, comprar la infraestructura”, añadió.
Transferencia. La transferencia del complejo ha sido señalada, tanto por el presidente Chaves como la ministra del Mideplán, como una de las características más importantes y beneficiosas del proyecto.
En distintas ocasiones, Chaves ha mencionado que el plan permitiría al gobierno “dejar de ser inquilino en su propio país”, ya que no sería necesario alquilar edificios para albergar a más de 30 instituciones públicas.
De igual manera, la ministra Fernández aseguró en una cadena nacional, el 3 de diciembre del 2023, que el proyecto convertiría al país “en propietario, de una vez por todas, de los edificios que por décadas hemos arrendado”.
El BCIE anunció el 28 de febrero del 2023, en un comunicado, que el proyecto se desarrollaría mediante la modalidad construir, operar, alquilar y transferir, (BOLT, por sus siglas en inglés).
Procedimiento ilegal. El Poder Ejecutivo planea desarrollar Ciudad Gobierno sin concurso público. Pretende emplear una figura de excepción para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles contenida en el artículo 67 de la LGCP, la cual entró a regir en diciembre del 2022.
La Contraloría sostiene que, por tratarse de terrenos públicos, no se puede usar el numeral 67 y es necesario recurrir a otras vías, como los procedimientos ordinarios de contratación de obra.
Así lo explicó Roberto Rodríguez, gerente de Contratación Administrativa de la CGR. “Cuando usted tiene un terreno, no puede alquilar un inmueble. ¿Por qué no puede alquilarlo? Porque no existe. Tiene que haber un arrendador y un arrendatario”.
Rodríguez agregó que la vía del artículo 67 también requiere hacer un estudio de mercado, que tampoco es posible en este caso.
Según el razonamiento del funcionario, para hacerlo es necesario revisar los inmuebles construidos, en proceso o por ser construidos en la zona de interés y decidir a partir de la información recogida.
Pero cuando se es propietario del terreno, “no puedo ir a buscar edificaciones; si el terreno es mío, lo más que puedo hacer es construir y para eso existe el contrato de construcción de obra pública”, dijo.
Los procedimientos ordinarios incluyen recibir aprobación de la Asamblea Legislativa, por considerar que el proyecto a desarrollar, según manifestaciones del propio gobierno, no corresponde a un arrendamiento puro y simple, sino que se trata de un arrendamiento financiero, lo cual conlleva endeudamiento.