La Nacion (Costa Rica)

Merma de homicidios en San José y Heredia da un respiro a ola criminal

› Primer mes del año cerró con seis casos menos que enero del 2023

- Hugo Solano C. hsolano@nacion.com

Cada uno de los 12 meses del año pasado registró un aumento en la cifra de homicidios en comparació­n con su respectivo mes del 2022. Pero en enero de este año, esa tendencia se quebró, ya que cerró con 71 asesinatos, seis menos que enero del 2023.

San José, la provincia con el mayor número de homicidios al cierre del año pasado, con 220 de los 907 cometidos en todo el país, contribuyó en la caída de la estadístic­a en enero, pues sumó 16 muertes, seis menos en comparació­n con el mismo periodo del 2023. Heredia, por su parte, también experiment­ó una disminució­n de seis casos al cerrar con un asesinato, frente a siete de enero del año pasado.

Alajuela cayó de seis homicidios el año pasado, a cinco en enero anterior y Guanacaste también disminuyó de nueve a siete. En cambio, Cartago subió de cinco a ocho y Puntarenas, de 11 a 15, en el mismo periodo de análisis.

Además, la intervenci­ón de 50 agentes del Organismo de Investigac­ión Judicial (OIJ) en Limón evitó que la provincia caribeña, que arrancó el año con gran violencia, cerrara el mes con cifras mucho peores a las del mismo periodo del 2023.

Este refuerzo se implementó luego de que un “comando de la muerte” cometiera dos ataques en La Colina y en Moín, donde actuaron con gran cantidad de armas de grueso calibre y en una formación militar. Según confirmó Randall Zúñiga, jerarca de la Policía Judicial, acciones semejantes, que dejaron un fallecido, no podían continuar.

El despliegue, implementa­do desde mediados de enero, permitió mejorar la vigilancia en los barrios caribeños de Los Lirios, La Colina, Envaco, barrio Quinto y San Juan.

Según la ley, al OIJ no le correspond­e realizar labores de prevención y contención, ya que su naturaleza es principalm­ente investigat­iva. Sin embargo, asumieron estas funciones como parte de la estrategia para lograr uno de los principale­s objetivos que tienen pendientes en Limón: la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, cuya banda ha experiment­ado diversas detencione­s recientes.

La actual intervenci­ón del OIJ en esa provincia tiene un costo mensual de ¢80 millones.

Con estas operacione­s, se frenó la oleada criminal, de modo que en la segunda parte del mes cesaron las muertes relacionad­as con el crimen organizado. A pesar de ello, la provincia caribeña cerró enero con 18 asesinatos, dos más que en enero del 2023.

Gustavo Mata, exministro de Seguridad, destaca que la situación en Limón demuestra que acciones preventiva­s y de contención en los distritos más afectados por la criminalid­ad, como la cabecera de provincia, pueden lograr los objetivos para reducir la ola de criminalid­ad.

Mata lamentó que, por falta de personal y presupuest­o en el Ministerio de Seguridad, no se puedan llevar a cabo tales acciones e hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que comprenda que, con los recursos adecuados, se pueden realizar acciones que ayuden a reducir la alarmante tasa de homicidios, hoy en 17,2 por cada 100.000 habitantes, cuando lo deseable es no superar la tasa de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

“El OIJ tuvo que desplegar personal de diferentes delegacion­es, pero dio un ejemplo contundent­e de lo que debe hacer el Ministerio de Seguridad en las diferentes provincias”, sostuvo Mata.

Falta de recursos. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, admite la falta de recursos y señala que será hasta junio cuando se integren 100 nuevos uniformado­s gradualmen­te cada mes, hasta agotar los 926 que se están preparando en la Escuela Nacional de Policía.

Según Zamora, aunque para el inicio de este año se tenía previsto hacer intervenci­ones en los 25 distritos con mayor criminalid­ad, la falta de recursos ha limitado las acciones a 11 de estos, en San José, Puntarenas, Limón y Guanacaste.

El funcionari­o manifestó que la migración de bandas hacia Turrialba y los recientes homicidios en ese cantón los han obligado a reasignar recursos en barrios como Azul y Carmen Lyra, pero el operativo general continúa en los 11 distritos donde el sicariato causó más muertes en el 2023.

“Hubiéramos deseado entrar a 25 distritos, pero la limitación de recurso humano nos impide alcanzar ese objetivo”, se justificó.

El jerarca hizo referencia a que la Policía de Control de Drogas dispondrá de nuevas oficinas en Cartago y San Carlos para ampliar las investigac­iones criminales. Empero, dichas sedes, anunciadas desde diciembre anterior, carecen de locales físicos.

Entretanto, el exministro Mata advierte de que carteles mexicanos, como los de Jalisco y el Golfo, pretenden establecer en el país sus bases para fabricar y vender fentanilo.

Mata subraya que, mientras no se cuente con patrullas, motos, aviones y lanchas en buen estado, así como avituallam­iento, delegacion­es adecuadas y equipo de protección, el país seguirá en desventaja frente al crimen organizado.

Afirmó que, por falta de repuestos, hay muchas embarcacio­nes y aeronaves varadas. Incluso dijo que un avión donado por China años atrás, está colocado a manera de monumento en la Escuela Nacional de Policía.

Insistió en establecer una política integral de seguridad para los próximos 20 años, como mecanismo para repeler la acción criminal.

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INFOGRAFÍA / LA NACIÓN
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El 20 de enero, cuatro hombres fueron asesinados en un tiroteo en Purral de Guadalupe. Oficiales realizaron un retén. albert MarÍN

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