Un 80% de asesinatos perpetrados en 2023 se cometieron a balazos
› Criminales ticos pagan con cocaína por fusiles de asalto, afirma exministro
El incremento en el uso de armas de fuego para perpetrar asesinatos en Costa Rica ha venido aumentando con el paso de los años.
Mientras en el 2022 fallecieron 473 personas a causa de disparos, el (72% de los 657 homicidios), en el 2023 esa cifra se elevó a 729 de los 907 homicidios dolosos.
Eso significa que, en el último año, más del 80% de los homicidios se cometieron utilizando este método, la mayoría de las veces en ajustes de cuentas entre bandas criminales. Estos grupos prefieren emplear armas de fuego debido a la certeza casi garantizada de alcanzar su objetivo y a la rapidez en la ejecución, lo que les permite escapar del lugar de inmediato.
Según un estudio realizado por la Universidad Hispanoamericana (UH), divulgado ayer, si nos remontamos a una década atrás, en el 2013 las armas de fuego se emplearon en el 66% de los 411 homicidios perpetrados ese año, una cifra muy inferior al uso de pistolas, fusiles, revólveres y escopetas registrado en crímenes en el 2023.
Ronald Evans, coordinador del informe, resaltó que en el último quinquenio se pasó de 382 muertes por disparos en un año, a 729 en un periodo de 12 meses, lo que representa un alarmante aumento del 90,8%.
Los datos sobre homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que esta tendencia sigue, ya que en lo que va del 2024 se han registrado 80 homicidios, de los cuales 64 fueron cometidos con armas de fuego (71%).
Razones. Para Gustavo Mata, exministro de Seguridad, la gran cantidad de cocaína que circula por nuestro territorio se ha convertido en una moneda de cambio para pagar el armamento militar de alto poder que usan los grupos criminales, como fusiles AR-15, M-16 y AK-47, así como granadas de fragmentación.
“Esos grupos organizados vienen del triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) y aquí nosotros les brindamos cocaína y nos pagan con las armas que vemos constantemente en los homicidios que de día y de noche ocurren en el país”, dijo.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, coincide en que las estructuras criminales han buscado armas en el mercado negro y prueba de ello fue el aumento en los decomisos de unas 2.200 por parte de la Fuerza Pública y unas 400 por parte de la Policía Judicial durante el 2023. Eso deja claro que la disponibilidad de armas sin inscribir es muy alta.
Según Soto, su uso obedece a que, al no haber contacto físico entre la víctima y el victimario, la concreción del asesinato es más certera y rápida, a diferencia del uso de puñal, donde el agresor debe estar muy cerca de la víctima.
Rafael Ángel Guillén, exdirector del OIJ, afirmó que la mayoría de las armas utilizadas no están registradas y que cada vez resulta más fácil que las organizaciones criminales las adquieran.
Agregó que los delincuentes emplean armas de guerra, cuyo uso está prohibido para civiles. Cometen los delitos enmascarados y buscan la impunidad, disparando y huyendo, generalmente en motocicletas, para moverse más rápido y evitar obstáculos.
Asimismo, señaló que, ante la inseguridad en el país, muchos ciudadanos optan por comprar pistolas, las cuales a menudo terminan en manos de terceros.
El análisis de la UH indica que entre el 2000 y el 2023 fallecieron 11.321 personas en el país, de las cuales el 65,8% (7.748) fueron víctimas de armas de fuego. Los tiroteos ocurrieron principalmente en calles y carreteras.