Jerarca de la CCSS pide a la Asamblea revisar salario de contralora
La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, solicitó a la Asamblea Legislativa revisar el salario de la contralora general, Marta Acosta.
En un oficio fechado el 7 de febrero y dirigido al presidente legislativo, Rodrigo Arias, la jerarca denuncia que el salario de Acosta excede el límite que se pretende establecer para el puesto de presidente ejecutivo de la Caja.
Según Esquivel, entre el 8 de mayo del 2020 y el 31 de diciembre del 2023, la contralora devengó un salario de ¢5.740.000.
Para Esquivel, ese monto
“no se adecúa a lo señalado por la Contraloría” a la Junta Directiva de la Caja, ni a lo dispuesto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de un salario mensual que no supere los ¢5.565.000.
Esquivel pretende que la Asamblea, como superior jerárquico de la contralora, revise su denuncia e indique si existe una disonancia entre lo ordenado por la Contraloría, en relación con el sueldo de la presidencia ejecutiva de la Caja, y lo que aplicó dicho órgano para fijar el salario de la contralora general.
“(...) a criterio de la suscrita, quebrantan la aplicación de los principios constitucionales de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad, así como los elementos esenciales del acto administrativo de motivo, objeto, fin y forma.
”De esta forma, dejo planteada la presente denuncia, la cual respetuosamente solicito sea acogida y analizada por el Directorio legislativo, según sus competencias y potestades”, afirma Marta Esquivel en el documento PE-0439-2024, enviado con membrete de la CCSS y con un análisis de la Dirección Jurídica de la institución.
Ante cuestionamientos sobre el salario de Acosta surgidos desde meses atrás, el 14 de noviembre anterior, la contralora general había enviado al presidente de la Asamblea Legislativa el oficio número 16.439 (DC-0331), en el cual argumenta por qué todo lo relacionado con los salarios para los cargos de contralora general y de subcontralor general están a derecho.
La Nación tuvo acceso a ese documento.