Sala IV da dos meses a ministros para cumplir con protección a río Sarapiquí
La Sala Constitucional otorgó a Natalia Díaz y Franz Tattenbach, ministros de la Presidencia y Ambiente y Energía (Minae), respectivamente, un plazo de dos meses para firmar el decreto ejecutivo que implemente la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del río Sarapiquí y la protección de su cauce.
A pesar de que la norma fue publicada en el diario La Gaceta desde el 28 de abril del 2022, el Poder Ejecutivo no ha emitido el reglamento para su aplicación. Así lo comprobó el Tribunal al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano.
La normativa prohíbe el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos y la concesión de extracción de materiales mineros durante 25 años prorrogables, a lo largo del cauce principal del río Sarapiquí y su ribera, desde su origen hasta la desembocadura en el río San Juan, como medida de protección ambiental.
Según el recurrente, la falta de reglamentación ha impedido la ejecución de numerosas actividades, gestiones ambientales y procedimientos administrativos, lo cual considera una violación de las obligaciones del Ejecutivo y un obstáculo para el desarrollo sostenible de las generaciones futuras.
Luego de la revisión de hechos, la Sala IV comprobó una violación al artículo 11 de la Constitución Política, el cual consagra el deber de legalidad de la administración pública y, según el cual, el Ejecutivo no puede negarse a cumplir el mandato contenido en una ley debidamente promulgada.
Tattenbach afirmó que el reglamento de la ley está en proceso de elaboración y revisión por parte del Minae. Agregó que, una vez que esté listo, será enviado al despacho del mandatario, Rodrigo Chaves, para la revisión y la firma correspondiente en el menor plazo posible y luego ser publicado en La Gaceta.
Entretanto, Díaz, explicó que su cartera no tiene injerencia en la elaboración del reglamento, pues la instancia encargada es Ambiente, según lo establecido en el ordenamiento jurídico.
La Nación envió consultas tanto a Presidencia como al Minae para conocer sus criterios ante la sentencia; la solicitud se encuentra en trámite.