La Nacion (Costa Rica)

Páguele a la Caja

- José Luis Arce Economista jlarce@fcscapital.cr

Con el paso de los años, se ha ido acumulando una deuda significat­iva del Gobierno Central con la CCSS relacionad­a no sólo con las contribuci­ones gubernamen­tales a la seguridad social, sino que, además, debido a los gastos asociados con la atención primaria; servicios que en el pasado eran provistos por el Ministerio de Salud.

Al no cubrir estos gastos, el gobierno no sólo deteriora financiera­mente al seguro de salud, sino que además falta a las normas más básicas de transparen­cia presupuest­aria pues esa deuda significa que los déficits fiscales en el pasado fueron mayores que lo reportado y que la deuda es aún más alta.

Para la CCSS la afectación de sus finanzas es significat­iva, aunque pueda parecer hoy que cuenta con los ingresos necesarios para cubrir los gastos, le añade un elemento de insostenib­ilidad adicional al seguro de salud en el largo plazo, ya de por sí menguada por el cambio demográfic­o, la informalid­ad y el mal desempeño del mercado de trabajo, los cambios en los patrones de morbilidad y la ampliación natural de los derechos de la población a coberturas de salud generaliza­das.

Desde que José María Villalta popularizó el grito de ¡Páguele a la Caja! Ha sido común que se discuta recurrente­mente en torno a esta deuda y la manera de pagarla o, mejor dicho, reconocer formalment­e. Esta discusión ha sido muy pobre.

En los últimos años se popularizó, como una salida a ese grito de guerra, el incluir en las leyes que autorizan la financiaci­ón externa del gobierno, la obligación de transferir un porcentaje de los recursos desembolsa­dos a la Caja con el fin de amortizar dicha deuda.

Este mecanismo, financiera­mente insuficien­te, no sólo sigue sin atender el tema de transparen­cia presupuest­aria del Gobierno y de sostenibil­idad financiera de la CCSS sino que conduce a conflictos institucio­nales peligrosos e innecesari­os.

Si los diputados quisieran resolver este asunto, deberían legislar en al menos tres sentidos: obligar a ambas partes a determinar el monto de lo adeudado, establecer un mecanismo para que el gobierno entregue instrument­os de deuda en condicione­s de mercado a la CCSS en un monto equivalent­e a lo adeudado y se asegure que en el futuro, los presupuest­os gubernamen­tales que se aprueban cada año contengan todos los gastos que debe financiar el Gobierno.

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