Tribunal anula medida cautelar otorgada a MarViva contra pesca de arrastre
El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo anuló el pasado viernes la medida cautelar otorgada a la Fundación MarViva que suspendió el estudio sobre pesca de arrastre promovido por el gobierno.
La medida cautelar había sido acogida por el Tribunal Contencioso el 13 de noviembre anterior, por considerar que los estudios representaban un peligro inminente de difícil reparación para los ecosistemas marinos.
La decisión forma parte del expediente 23-002732-1027CA-4, en el cual se tramita el proceso impulsado por MarViva para detener completamente el plan que procura reactivar la pesca de arrastre de camarón en mares costarricenses.
Sin embargo, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón presentaron recursos de nulidad contra la decisión, los cuales fueron acogidos mediante el voto 049-2024-1 del Tribunal de Apelaciones.
Emanuel González Del Valle, director ejecutivo de la Asociación, explicó que denunciaron un vicio de forma por parte de Gerardo Antonio Pérez Alfaro, juez tramitador de la medida cautelar, quien omitió incluir a la Asociación en su condición de tercera parte afectada en este proceso, siendo parte integral de la demanda presentada por MarViva.
Según González Del Valle, al emitir la resolución de la medida cautelar, su organización no había sido consultada ni involucrada en el proceso, aunque la decisión de acogerla sí los afectó. Esto, afirmó, constituyó un vicio de procedimiento.
Melissa Álvarez, vocera de MarViva, confirmó que el Contencioso decidió retrotraer el proceso a sus etapas iniciales al considerar necesario incluir a los actores del sector pesquero industrial y camarero.
La representante declaró que MarViva respetaba la decisión y se ajustaría a ella, por lo que ya presentaron una nueva solicitud de medida, incluyendo al sector camarero.
MarViva justificó la medida cautelar solicitada al considerar que el estudio sobre pesca de arrastre promovido por el Ejecutivo presenta irregularidades que contravienen disposiciones emitidas por la Sala Constitucional.