Exministra advierte de urgencia de nuevo relleno sanitario en GAM
› Exjerarca también denunció supuestas injerencias de la empresa EbI
La disposición de los desechos sólidos en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM) está en una situación crítica y no se vislumbran soluciones a corto plazo.
Así lo denunció la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, la mañana de este lunes ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
“Estamos ante una emergencia sanitaria; debemos tomar decisiones rápidas y concisas, con tiempos establecidos”, advirtió Chacón en la comparecencia que realizó de manera virtual.
La exjerarca manifestó que durante su gestión recibió denuncias de vecinos y de asociaciones de desarrollo de comunidades donde se ubican los rellenos de La Carpio y El Huazo debido a los malos olores, contaminación sónica y de lixiviados (líquidos que se forman con los residuos y que se vierten en el ambiente).
Su temor, dijo, es que si no se buscan otras soluciones, se rebase la capacidad de los rellenos sanitarios actuales y estos se conviertan en vertederos. El agotamiento de los rellenos sanitarios ya se había denunciado en el 2021, y llevó a las autoridades de salud a incentivar el reciclaje.
A esto se le suma que el relleno de Los Pinos, en Cartago, también cumplió con su vida útil y en los últimos meses ha sido centro de una controversia con el Ministerio de Salud.
Eugenio Androvetto Villalobos, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud añadió que los residuos también se biodegradan y eso produce gases, lixiviados y se hacen asentamientos que pueden aplastar las tuberías. Por eso, es importante la fiscalización constante. Añadió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le ha pedido al país migrar a un modelo que use menos los rellenos sanitarios y utilice más formas de compostaje, reciclaje y la transformación de los desechos en energías.
Fabricio Umaña Calvo, ingeniero de la Región Central Sur, donde se ubican los rellenos de la Uruca (La Carpio) y Aserrí (El Huazo) confirmó que, mientras al primero le quedarían tres meses de vida útil, el segundo tiene 11 años más. A este último la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (Setena), le alargó la vida útil en el 2014.
Ante consulta de los legisladores, Androvetto dijo que si La Carpio cerrara, se pondría más presión sobre los rellenos restantes.
Para la situación, añadió la exjerarca, no hay soluciones próximas. Se vio una opción en Turrúcares (Alajuela), pero problemas con el plan regulador impide a la Municipalidad de Alajuela desarrollar un relleno en esa finca. También se consideró una posibilidad en El Rodeo (Jateo de Mora), pero tras la muerte del propietario, se desconocía quién quedó a cargo de la finca.
Otra opción se vio con el Instituto Tecnológico de Costa
Rica (Tec), que con plasma podría destruir la basura. Sin embargo, Chacón adujo que el Tec requeriría unos $500.000 (más de ¢250 millones) para la puesta en marcha.
Denuncia ‘amenazas’. Durante la comparecencia, Chacón también denunció supuestas amenazas de la Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., quien opera los rellenos de El Huazo, La Carpio y el de Tomatal, en Limón. Ella indicó que estas se iniciaron cuando ella comenzó a atender las denuncias de los vecinos.
Aunque la comparecencia tenía como objeto hablar de la gestión de residuos en la GAM, ella contó que los primeros problemas los encontró en el relleno de Limón, donde se denunciaron malos olores. Cuando recibió quejas de los vecinos de la Uruca, Desamparados
y Aserrí, indagó más y comprobó, según afirmó, que la situación era peor que la limonense.
La exjerarca manifestó que, luego de escuchar los reclamos de los vecinos y las asociaciones de desarrollo, acudió a inspeccionar los rellenos sanitarios y pidió ayuda a diputados y al Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se pidieron estudios más a fondo.
“Esto generó molestia en la empresa, que me mandó una carta”, relató.
En la carta enviada a Chacón, EBI señaló que no se había recibido respuesta de las inspecciones de los organismos internacionales. Se dijo que si se notaba alguna “inusual actividad de persecución por parte de alguna institución del Estado en contra de todos o algunos proyectos” se procedería a activar una cláusula arbitral compromisoria en el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá.
La exjerarca se defendió: “No tengo algo en contra de la empresa. Lo que sí es que era la que más reclamos recibía”.
Según el documento, para la compañía, la retórica de los vecinos es hablar mal de los proyectos. “Inician una campaña de visitas a los ministerios y hasta Casa Presidencial, para poner en mal Io que se ha hecho en el tema de gestión, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios”, señaló la empresa. La firma calificó la situación como “desgastante”.
Chacón, afirmó que pese a las quejas, a esta empresa se le daban permisos.
La Nación intentó contactar a Óscar Guzmán, gerente técnico de Berthier EBI de Costa Rica, pero no hubo respuesta.