La Nacion (Costa Rica)

Banhvi responsabi­liza a Hacienda de retener recursos para vivienda

Asamblea Legislativ­a incluyó fondos en presupuest­o del 2023

- Lucía Astorga lucia.astorga@nacion.com

La Junta Directiva del Banco Hipotecari­o de la Vivienda (Banhvi) acusó al Ministerio de Hacienda de incumplir la voluntad de los diputados, por no girar los ¢10.000 millones adicionale­s que la Asamblea

Legislativ­a incluyó, en el Presupuest­o Nacional del 2023, para el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi).

En un oficio dirigido a las jefaturas de fracción del Congreso, los directivos informaron de que no recibieron los recursos a pesar de las gestiones efectuadas por el Banhvi y de que los indicadore­s fiscales de Costa Rica “mejoraron y sobrepasan incluso los compromiso­s adquiridos con el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI)”.

Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio (FA), reportó este martes el contenido de la nota en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescenc­ia.

El congresist­a aseguró que se está llegando a un grado de “desesperac­ión” porque, si bien las bancadas de oposición pueden aprobar asignacion­es presupuest­arias para los programas sociales, “el propio gobierno se niega a utilizar esos recursos”.

Críticas. Acuña cuestionó que el Ministerio de Hacienda esté dictando los lineamient­os para atender a las personas que viven en una situación de pobreza. “El que define la política social de este país es Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, y eso no tiene ningún sentido”, dijo.

Para el frenteampl­ista, la visión del gobierno es “austericid­a”, pues, desde su punto de vista, están “dispuestos a sacrificar la dignidad y la decencia de miles de personas de este país” en el nombre de la austeridad fiscal.

Este medio solicitó el criterio al ministro Acosta, pero, al cierre de edición, no se había obtenido su respuesta.

Deterioro. Datos recientes evidencian el deterioro de las políticas nacionales para dar vivienda a personas en condición de pobreza o pobreza extrema. En los años 2022 y 2023 se registró un descenso en las cifras relacionad­as con bonos de vivienda aprobados y otorgados.

En el 2022, el Estado entregó 8.369 bonos y, en el 2023, otros 8.222. Esos números están muy lejos del promedio de años anteriores, en los que se llegaron a dar hasta 12.000 bonos, según informó La Nación el pasado 11 de febrero.

Marianela Morales, vocera del Banhvi, informó a este medio de que la principal razón de la disminució­n está en los recortes presupuest­arios al Fusovi, experiment­ados desde el 2020.

La principal fuente de financiami­ento del Fosuvi es el Fondo de Desarrollo Social y Asignacion­es Familiares (Fodesaf). Según la funcionari­a, desde el 2020 se redujeron las transferen­cias hacia el Banhvi hasta llegar a los niveles más bajos desde 1999.

El Fondo de Subsidios para la Vivienda pasó de tener ¢120.700 millones en el 2020 a ¢97.200 millones en el 2023.

De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la Creación del Banhvi, el Fosuvi se alimenta, al menos, de un 18,07% de los ingresos del Fodesaf.

Dineros. Otras fuentes de financiami­ento de Fosuvi son las transferen­cias de la Junta de Protección Social (JPS) y el impuesto a las casas de lujo.

El dinero de Fosuvi se distribuye entre las 30 entidades autorizada­s por el Banhvi para gestionar bonos de vivienda, entre las que están Grupo Mutual, Fundación Costa Rica-Canadá, Coopenae y Coocique.

Igualmente, los años 2022 y 2023 fueron en los que menos metros cuadrados (m²) de vivienda de interés social se tramitaron en toda la historia del país, según datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitecto­s (CFIA).

La Administra­ción de Proyectos en Construcci­ón (APC), plataforma en la que registran todas las obras para su aprobación, contabiliz­ó en el 2022 un total de 347.902 m² de construcci­ón y 400.854 m² en el 2023.

En cambio, el promedio anual entre el 2018 y el 2021 fue de 512.495 m².

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ALoNSo TENorio El país enfrenta un deterioro en sus políticas para dar vivienda digna a las personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según muestran los datos de los últimos dos años.

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