Suspendido de nuevo estudio sobre pesca de arrastre
El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo acogió por segunda vez un pedido de medida cautelar de la Fundación MarViva, por lo que volvió a quedar suspendido el estudio sobre pesca de arrastre promovido por el Gobierno.
La primera gestión había sido acogida el 13 de noviembre, por considerarse que el plan impulsado podría representar un peligro inminente de difícil reparación para los ecosistemas marinos.
Contra esa decisión, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón presentaron recursos de nulidad. Estas objeciones fueron aceptadas el 9 de febrero pasado, mediante el voto 049-2024-1 del Tribunal de Apelaciones, porque se había omitido a la Asociación en su condición de tercera parte afectada en el proceso.
A principios de esta semana, la Fundación presentó una nueva solicitud de medida cautelar en la que subsanó el error de procedimiento, y de nuevo, el Tribunal Contencioso decidió suspender el estudio mientras se resuelve por el fondo el expediente 23-002732-1027-CA4, mediante el cual MarViva busca detener el plan para reactivar la pesca de arrastre de camarón en mares ticos.
“La prueba aportada a los autos contiene evidencias de una situación de extrema urgencia, vinculada con la tutela del ambiente y los derechos fundamentales consagrados en el numeral 50 de la Constitución Política”, indica el juez José Roberto Brenes en la resolución del 13 de febrero.
La resolución ordena suspender por completo las faenas de pesca y cualquier otro acto conexo realizado por Incopesca que habilite la ejecución del estudio, incluyendo nuevos permisos de pesca; esto hasta que se resuelva por el fondo la demanda presentada.
“Por segunda ocasión, los tribunales nos dan la razón. Es un paso firme hacia la protección de nuestros ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los cuales dependen miles de pescadores artesanales y sus familias”, dijo Katherine Arroyo, directora ejecutiva de MarViva.
Para Arroyo, la iniciativa contiene inconsistencias, carece de transparencia y no posee fundamento técnico y metodológico, lo que supone un riesgo para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas.
La pesca de camarón por técnica de arrastre está prohibida debido al grave daño que provoca a otras especies, según un fallo de la Sala Constitucional del 2013.