Detenido un fiscal de Turrialba por presunto abuso de autoridad
Un fiscal de Turrialba, de apellido Coto y 53 años, fue detenido ayer como sospechoso de los delitos de abuso de autoridad, peculado de uso y falsedad ideológica.
Fue aprehendido luego de tres allanamientos realizados por la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Probidad y Transparencia. Los operativos fueron en la casa del fiscal y en los Tribunales de Justicia de Turrialba.
Según Randall Zúñiga, director del OIJ, los supuestos delitos cometidos por el fiscal habrían ocurrido en noviembre del 2023, cuando se obtuvo información de que Coto llevaba a cabo labores que no corresponden a su cargo.
En un comunicado, la Policía Judicial informó de que el funcionario presuntamente utilizó un vehículo del Ministerio Público durante varios días consecutivos y no lo estacionó en el edificio judicial, sino en su residencia.
Sospechas. Adicionalmente, se sospecha que ingresó información falsa en la libreta de control del vehículo de uso oficial. Coto también enfrenta acusaciones de haber llevado a cabo un trato diferenciado en un expediente judicial en el que, supuestamente, favoreció al imputado.
El fiscal general Carlo Díaz, expresó que, como jerarca del Ministerio Público, se compromete a abordar cualquier infracción con firmeza.
“Somos una institución que persigue el delito. Nos duele que se den actuaciones aparentemente irregulares; sin embargo, seremos rigurosos al aplicar nuestra legislación cuando se conozca de la existencia de un delito cometido por nuestro personal”, afirmó.
Díaz afirmó que casos como estos “son pocos” y que la investigación por este asunto se inició en el propio Ministerio Público. “Asumimos el caso y le dimos la importancia que amerita porque tenemos que garantizar la transparencia y la confianza a la ciudadanía”, añadió.
La Fiscalía informó de que a Coto se le tomaría la declaración indagatoria en el transcurso de ayer y, posteriormente, se valoraría la solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal.