Reglas contra violencia política no cubren a empleadas legislativas
› Normativa impone amonestación ética pública para quien incurra en falta
Los diputados aprobaron el jueves el Reglamento de la Asamblea Legislativa Contra la Violencia a las Mujeres en Política, con una versión que excluye de su protección a las asesoras de confianza y funcionarias del Congreso.
El texto, aprobado con 42 votos de forma unánime, se limita a reglamentar el trámite de las denuncias por violencia política contra legisladoras en ejercicio y electas.
Originalmente, las asesoras y funcionarias estaban contempladas en la protección, pero el martes el plenario avaló una moción de texto sustitutivo que las sacó. La propuesta la presentó la liberacionista Carolina Delgado.
Ese cambio se aprobó con el apoyo de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP).
En contra, se pronunciaron los seis diputados del Frente Amplio (FA), así como Luz Mary Alpízar, del PPSD; Gloria Navas, de Nueva República, y la independiente María Marta Padilla.
No obstante, en la votación definitiva del Reglamento, estos últimos congresistas sí dieron sus votos favorables a la nueva norma.
El FA y Alpízar impulsaron otra moción de texto sustitutivo que incluía a todas las mujeres del Congreso que, de una forma u otra, tienen participación o aspiraciones a cargos políticos. No obstante, el planteamiento no prosperó.
El reglamento avalado impone una amonestación ética pública para el congresista que incurra en violencia política contra una mujer que participe en política.
Este tipo de violencia se refiere a las conductas que, por razones de género, obstaculicen el ejercicio del cargo de una mujer, o bien, afecten sus derechos a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales al cercenar sus derechos políticos.
También, incluye perjudicar la reputación de la mujer, así como incurrir en acoso u hostigamiento, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y simbólica.
En el caso de la Asamblea, el Reglamento dice que las denuncias tendrán que presentarse ante el Directorio legislativo, sea por escrito o verbalmente. El plenario asignará los casos a comisiones investigadoras sin participación de la fracción del denunciado.
Cada institución pública debe emitir su reglamento.
Tensión. La discusión encendió las sesiones del plenario durante esta semana porque las frenteamplistas Rocío Alfaro y Sofía Guillén, junto con Alpízar, advirtieron de que la versión acogida reduce la protección que está aprobada en la Ley 20.235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
La versión propuesta por Alfaro, Guillén y Alpízar, con ayuda del Frente Parlamentario de Mujeres Diputadas y la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (Utieg), planteaba una cobertura no solo para las mujeres con función de aprobación de leyes, control político y acuerdos legislativos, sino también para las que tienen funciones administrativas conexas.
La versión de Delgado no incluye a las mujeres que aspiren a un cargo o función pública, pues se restringe a las elegidas para una diputación o en ejercicio de este cargo.
Para las frenteamplistas y Alpízar, el reglamento aprobado ni siquiera permite que una asesora o funcionaria denuncie por violencia a un diputado o diputada, pues, literalmente, solo describe como denunciantes a los congresistas.
Agregaron que la versión final es apenas un instrumento para protegerse entre diputados y diputadas. Por su parte, Delgado alegó que las asesoras y funcionarias tienen otros instrumentos legales para denunciar acoso laboral o sexual, así como el hostigamiento.
La verdiblanca argumentó que la violencia política “no pasa porque un diputado me toque las nalgas o me toque las tetas, como dirían por ahí, porque sí ha sucedido, o porque se las toque a una asesora o no; esa es otra legislación”.
Sostuvo que, si ella tiene un problema con un funcionario o funcionaria, la pueden acusar de acoso laboral y eso no constituye violencia política.