Sala IV condena a La Reforma porque policía hombre requisó a reclusa trans
La Sala Constitucional respaldó los reclamos de una reclusa transgénero en la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma, quien afirmó haber sido sometida a una requisa por un policía penitenciario durante una intervención en su módulo, a pesar de haber solicitado ser revisada por una mujer.
En la resolución del habeas corpus emitida el 30 de enero, la Sala también señaló que los policías emplearon las esposas de manera desproporcionada. La reclusa había pedido ser esposada hacia adelante debido a su neuropatía periférica (daños en los nervios), pero fue esposada hacia atrás. Un dictamen médico forense confirmó lesiones en sus manos compatibles con la colocación de esposas.
En el informe presentado a la Sala, el director del Ámbito de Convivencia D, Santiago Arroyo, y el jefe policial del centro penal, Luis Carlos Jiménez, afirmaron que la recurrente no tenía razón al alegar discriminación, argumentando que el trato hacia la población reclusa “se basa en la empatía y el respeto de sus derechos fundamentales”.
El alto tribunal había pedido información sobre la existencia de cámaras en el lugar de los hechos. Al no haber, los magistrados consideraron creíble la versión de la afectada. El habeas corpus señala que durante una revisión policial a una persona transgénero, el oficial debería informarle sobre la posibilidad de elegir el sexo de quien hará la requisa.
Los magistrados ordenaron a Medelyn Garita, directora interina de La Reforma, iniciar un procedimiento administrativo para determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios señalados.
La afectada también denunció que el oficial que la revisó tocó sus pechos y nalgas, pero la Sala IV no incluyó estos hechos como probados. Además, se quejó de que la cárcel cometió abuso de autoridad al trasladar a su pareja sentimental y a otros cuatro reos a diferentes módulos o cárceles.
La Sala rechazó estos reclamos y respaldó la posición de las autoridades penitenciarias, que dijeron que los traslados se hicieron debido a amenazas entre reclusos, cobros indebidos por el uso de cajones y camarotes, y afectación de la convivencia en el módulo.