¿Prioridad social o fiscal?
La ejecución del gobierno de una política fiscal restrictiva ofrece una relativa calma financiera, pero a un costo elevado si no se revierte la tendencia a la desinversión en las políticas sociales.
Las finanzas del Estado muestran signos saludables. Por segundo año, los ingresos superaron los gastos, que a corto plazo contribuye a disminuir la presión al aumento de precios (la inflación pasó del 7,6 % en enero del 2023 a terreno negativo al final del año), brinda espacio para la contención de la deuda pública y permite mantener las vulnerabilidades financieras bajo control, algo que los mercados internacionales ven con ojos positivos y mejoran las calificaciones de riesgos país.
Sin embargo, como lo han alertado (a veces en letra pequeña) organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, las políticas fiscales más restrictivas necesitan redes de protección social mejor focalizadas para proteger a los hogares más vulnerables. Esto no ha sucedido en Costa Rica.
El último Informe del Estado de la Nación señala que la política social es la principal damnificada de la austeridad fiscal: la inversión pública social pasó de casi un 25 % del PIB en el 2020 al 21 % en el 2022, ya que otros rubros han tomado más importancia para el Poder Ejecutivo (pago de intereses), lo que ha desfinanciado la inversión social.
Pero lo que más debiera preocupar es que sean la educación, la protección social y la salud las áreas donde ha habido mayores recortes presupuestarios (del 4,6 %, 3,6 % y 2 % por persona, respectivamente).
Es decir, no solo estamos desprotegiendo a quienes más necesitan ayuda (menos viviendas de interés social, recorte de becas de estudio, menor valor de las pensiones, menos ayuda a personas en condición de indigencia, ¿quién los defiende?, entre otros), sino también debilitando la formación de capital humano (educación y salud), que no solo afectará las posibilidades de las personas de acceder a empleos o emprender proyectos de alto valor agregado, sino que debilitará la competitividad relativa del país a mediano y largo plazo, y acrecentará las brechas de oportunidades en la población. Si no encontramos un balance entre lo fiscal y lo social, posiblemente, ese será el rumbo del país.