Municipalidad deberá reinstalar a funcionario indagado judicialmente
› Contralor de servicios fue cesado por alcaldesa de San Carlos, Karol Salas
La Municipalidad de San Carlos deberá reinstalar de manera inmediata al contralor de servicios Alberto Blanco Vega, quien fue despedido hace cuatro meses luego de que trascendiera que figura en una investigación judicial como sospechoso de liderar una red de proxenetismo y lavado de dinero.
Blanco fue detenido el 10 de octubre del 2023, en el Palacio Municipal, pero el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José lo dejó en libertad tres días después con la única orden de no obstaculizar la investigación. Como sobre él no pesaba ninguna suspensión, el funcionario se presentó a laborar el lunes 16 de abril, pero fue cesado por la alcaldesa Karol Salas.
Ahora, el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela ordenó reinstalarlo provisionalmente hasta que se resuelva su juicio, programado para el próximo 9 de mayo.
En entrevista con La Nación, Blanco aseguró que su destitución fue improcedente, ya que lo cesaron abruptamente y sin un debido proceso, pese a que tenía plaza en propiedad. Añadió que en su carta de despido le achacaron no haberse presentado a trabajar miércoles, jueves y viernes, días en que estuvo detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En primera instancia, el contralor de servicios pidió una medida cautelar al Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela, pero este rechazó su solicitud de reinstalación. Sin embargo, el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo sí acogió su reclamo.
Blanco argumentó que el cese de sus funciones le generó problemas para cumplir con sus obligaciones económicas, incluyendo el pago de préstamos y pensiones alimentarias.
El Tribunal de Apelación dio audiencia a la alcaldesa Salas, no obstante, señaló que ella no logró probar que los intereses del municipio se vieran seriamente comprometidos por la reinstalación del trabajador.
“No se advierte un inminente riesgo para el ayuntamiento. Los delitos que se le investigan no se advierten cometidos en contra de la municipalidad”, explicó el juez.
El Tribunal señaló que las supuestas faltas que se le imputan a Blanco se encuentran bajo investigación y que, por lo tanto, él no es aún culpable de ningún delito. Asimismo, tras ponderar los intereses en juego, dicha instancia consideró que generaba más daños el despido del funcionario, que su reinstalación provisional hasta que se resuelva el juicio.
Finalmente, el juez revocó la resolución anterior, declaró con lugar la solicitud de medida cautelar del contralor y suspendió los efectos de su despido, hasta que se resuelva el fondo del asunto, es decir, el juicio penal.
Sospechoso. Según la acusación presentada por la Fiscalía, Blanco habría aprovechado su anterior trabajo como policía del OIJ para revisar antecedentes de mujeres antes de reclutarlas para una red que ofrecía trabajadoras sexuales.
El subdirector de la Policía Judicial, Michael Soto, dijo a Telenoticias que, al parecer, el detenido utilizaba las plataformas judiciales para verificar que las víctimas reclutadas en salas de masajes y clubes nocturnos no tuvieran antecedentes penales o fueran policías infiltradas.
Las autoridades afirmaron que el exagente realizó más de 1.000 consultas a sus bases de datos.
El miércoles 18 de octubre del año pasado, La Nación envió consultas al Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad, así como a la alcaldesa Salas, con el objetivo de conocer su versión sobre estos acontecimientos. Casi cuatro meses más tarde, todavía no hay respuesta.
También se enviaron preguntas, la tarde del jueves 8 de febrero, para conocer detalles sobre la reinstalación de Blanco. El ayuntamiento confirmó que recibió las preguntas, pero no había respondido al cierre de esta edición.
El pasado 10 de octubre, cuando el OIJ detuvo al contralor de servicios, el departamento de comunicación del ayuntamiento negó que el hombre fuese asistente de la alcaldesa.
Documentos obtenidos por La Nación, publicados el 19 de octubre, evidenciaron que el sospechoso fue asistente personal de la jerarca municipal durante 11 meses, del 1.° de setiembre del 2022 al 7 de agosto del 2023.
Blanco dejó ese puesto porque, dos meses antes de ser arrestado, la alcaldesa lo ascendió al cargo de contralor de servicios.
El funcionario dijo que la alcaldesa, que aspiraba a reelegirse en el cargo por el partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), se lavó las manos en su caso y lo negó “como Judas”, al refutar que tuviese cualquier vinculación con él.