Exfuncionaria de AyA dice que sufrió hostigamiento en contratación con Sinart
› No pudo conocer contrato en detalle, pues fue apartada de reuniones, alega
Nora Valerio Ramírez, exfuncionaria de la Dirección de Comunicación de Acueductos y Alcantarillados (AyA), declaró haber sufrido hostigamiento laboral en el marco de la contratación de ¢2.313 millones que el AyA adjudicó al Sinart por servicios publicitarios.
Valerio fue la encargada de realizar el estudio de mercado de una página y un párrafo con el cual el AyA justificó la contratación directa de la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), sin efectuar un concurso para evaluar ofertas de otras empresas.
La exfuncionaria relató a La Nación que, el 13 de diciembre del 2022, recibió un correo electrónico de Yeiner Flores Ortega, ejecutivo de Comunicación, en el que le encargaba realizar el estudio de mercado de los dos servicios “que se pretenden contratar a Sinart”, por orden de la directora interina de Comunicación, Angie Ortega.
Incluso, dijo Valerio, le sugirieron cuáles proveedores privados consultar para hacer la comparación de precios con el Sinart. Además, le dieron un plazo de 8 días hábiles para elaborar el estudio; el plazo expiraba el 23 de diciembre, pero no le especificaron los motivos de la urgencia. La directora interina estaba copiada en el mensaje.
El pasado mes de abril, el AyA confirmó a La Nación que solo enviaron correos a tres agencias de publicidad para sondear el servicio de colocación de pauta publicitaria, así como a dos proveedores privados de producción audiovisual.
A todos se les invitó a enviar su oferta el lunes 19 de diciembre del 2022. Solo 48 horas después, el 21 de diciembre, el estudio de mercado ya estaba listo.
De los cinco proveedores privados, solo tres enviaron su cotización. Un día después, Ortega aprobó la contratación y, tres semanas más tarde, el Sinart presentó su oferta formal.
Valerio fue designada administradora del contrato; no obstante, declaró a este medio que Ortega la excluyó de este proceso.
“Percibí el hostigamiento al no ser incorporada en la etapa previa ni posterior a la contratación del Sinart.
”No me incluyeron en ninguna de las reuniones realizadas, para definir los productos a contratar y otros aspectos relacionados propiamente con una administración de contrato, situación que me dejaba en un total desconocimiento”, relató Valerio, quien ya se pensionó.
La exfuncionaria dijo que decidió renunciar a la administración del contrato con Sinart para preservar su tranquilidad física y mental, así como cuidarse de posibles responsabilidades derivadas por el hecho de que aparecía su nombre como administradora.
Añadió que, luego de su renuncia, Ortega divulgó desinformación sobre temas relacionados con sus funciones en la institución. Afirmó que esta situación atentó contra su autoestima, su salud y su desempeño como trabajadora pública. Por eso, sostuvo Valerio, decidió adelantar su jubilación.
Este medio envió consultas a Ortega sobre las declaraciones de la exfuncionaria. La oficina de Comunicación del AyA contestó que esta contratación “se llevó a cabo bajo los procedimientos de ley y transparentemente” y que así se puede constatar en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En enero pasado, el AyA decidió rescindir el contrato con el Sinart debido a los incumplimientos de la empresa estatal con argumentos que la entidad consideró incongruentes. Según concluyó la Junta Directiva, el Instituto no logró colocar mensajes de interés entre la población.
Lo ignoraba. La Nación consultó a Valerio si, cuando realizó el estudio de mercado de página y un párrafo, estaba enterada de que la contratación de AyA con Sinart se produjo a partir de una recomendación del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La exfuncionaria sostuvo que no lo sabía en ese momento, pero se dio cuenta el 7 de febrero del 2023, cuando Ortega afirmó a la Junta Directiva de Acueductos que la contratación se produjo a partir de una recomendación de la Presidencia de la República.
Durante esa sesión, una integrante de la junta, Beverly Hernández, manifestó que “lo que cambió es el tema del proveedor, que el presidente de la República, el señor Rodrigo Chaves, hace la recomendación”.
Según dijo Ortega, Chaves hizo la sugerencia a Roberto Guzmán, quien fungió como presidente ejecutivo del AyA durante todo el proceso de contratación y hasta el 1.º de febrero del 2023, fecha en que presentó su renuncia.
Este medio le preguntó a Valerio por qué el estudio de mercado fue de solo una página y un párrafo. Al respecto, la exfuncionaria afirmó que el documento cumplía con la comparación de precios requerida por ley, y que ella acató las indicaciones que le dieron Ortega y Flores.
Asimismo, afirmó que Ortega supervisó y aprobó cada una de las etapas de la contratación, y que el documento no tuvo objeciones por parte de Ortega, de la Junta Directiva ni de la Proveeduría Institucional.
El pasado 24 de octubre, los diputados de la comisión investigadora de los contratos del Sinart aprobaron llamar a comparecer a Valerio; no obstante, hasta ahora no la han citado formalmente.
Anteriormente, el AyA justificó la realización del estudio en 8 días hábiles, debido a que la Ley General de Contratación Pública no define plazos mínimos para la elaboración de ese documento.
Durante este gobierno, también contrataron a la agencia del Sinart el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
El ICE completó la contratación en menos de un día, mientras que la JPS lo hizo en contra de sus criterios técnicos internos.
No obstante, en los últimos meses, han suspendido o cancelado sus contratos Cosevi, el Inamu, la JPS y el INVU.
Además, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a siete instituciones públicas finiquitar sus “relaciones contractuales” con la agencia de publicidad del Sinart, al determinar que no cumplían con “requisitos generales y específicos exigidos” en la Ley General de Contratación Pública.
El órgano contralor giró la orden a los jerarcas del Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular (BP), Ministerio de Cultura, Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
“(LA CONTRATACIÓN) SE LLEVÓ A CABO BAJO LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY Y TRANSPARENTEMENTE Y ASÍ SE PUEDE CONSTATAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)”.
Comunicación del AyA respuesta a La Nación