Expresidente de Honduras protegía envíos de droga, afirma Fiscalía
› Juan o. Hernández habría recibido ‘millones de dólares en sobornos’
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández combatía en público el tráfico de drogas, pero en privado protegía a los narcos, acusó este miércoles la Fiscalía neoyorquina en medio del juicio en su contra por tres delitos que podrían llevarlo a pasar el resto de sus días en la cárcel.
Tras la constitución del jurado que sellará la suerte del exmandatario (2014-2022), la Fiscalía y la defensa presentaron sus versiones antes de tomar declaración al primer testigo, un excontador de una planta arrocera que ya había testificado en los juicios del hermano del exgobernante, Tony Hernández, y el socio de este, Geovanny Fuentes, ambos condenados a cadena perpetua.
El fiscal David Robles se dirigió al jurado, constituido mayoritariamente por personas con estudios superiores, advirtiéndoles de que este se trata de un caso sobre “poder, corrupción y tráfico masivo de cocaína”.
“Este poderoso político mantenía en público un discurso en el que decía que combatía el tráfico de droga y, por la puerta de atrás, se asociaba con los narcotraficantes” para proteger el envío de droga a Estados Unidos, “abusando” del apoyo del Ejército, la Policía y la justicia, a cambio de “millones de dólares en sobornos”.
El cartel mexicano de Sinaloa, de Joaquín el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en EE. UU., contribuyó con “millones de dólares” a su cuestionada segunda campaña para la reelección, en el 2017, según la Fiscalía neoyorquina.
Honduras, recordó el fiscal, es un lugar de paso fundamental para la droga que se produce en Suramérica, sobre todo en Colombia, antes de transitar por México con destino final a territorio estadounidense.
La Fiscalía acusa al abogado y político de 55 años, que se convirtió en el primer presidente reelecto desde el regreso de la democracia en 1981 por el Partido Nacional de Honduras, de haber protegido a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a EE. UU. entre el 2004 y el 2022. Empezó cuando presidía el Congreso.
Se le imputan tres cargos: conspirar para traficar drogas y armas, y posesión de armas. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua, más 30 años, como su hermano y Fuentes.
Gran negocio. “Conseguir que esta cocaína entre y salga de Honduras es un negocio muy lucrativo”, recordó la parte acusadora.
La defensa le pidió al jurado que no crea todo lo que sostiene la Fiscalía, y mucho menos lo que puedan declarar los principales testigos, muchos condenados que van a recibir rebajas en sus penas por su colaboración y que actúan por “venganza” de la persona que selló su suerte.
Sobre todo, pidió que se atengan a un hecho: cuando Hernández asumió la presidencia, Honduras era la “capital” mundial de homicidios y el 87% de las drogas que llegaban a Estados Unidos pasaban por el país centroamericano.
Eso disminuyó en un 50% y un 80%, respectivamente, durante su gobierno, que promovió “docenas de leyes” para luchar contra esta lacra, como la legislación contra el lavado de dinero o permitir la extradición –que ha facilitado el envío de 38 personas a EE. UU. desde el 2014, acusadas de narcotráfico–, según sus abogados.
También, continuaron, la creación de una fuerza especial en la Policía para luchar contra el tráfico de estupefacientes, política que le valió incluso los elogios de Washington durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021).
“No verán ningún video de recepción de dinero, ni correos electrónicos, ni mensajes, ni ninguna señal de riqueza personal” que confirme las acusaciones de la Fiscalía, apuntó su defensa.
El primer testigo de la parte acusadora, José Sánchez, que durante 15 años fue contador de la empresa Graneros Nacionales, situada cerca de Puerto Cortés, el principal de Honduras, recordó haber visto al entonces mandatario y a Fuentes reunidos en dos ocasiones en la sede de dicha empresa para hablar de droga y de proteger a “quien la proporcionaba”.
Repitió lo que dijo en juicios previos, que el acusado le dijo a Fuentes: “Les vamos a meter la droga en sus narices (a los estadounidenses) y no se van a dar ni cuenta”.
Aunque no está obligado a hacerlo, la defensa, en un intento de jugarse el todo por el todo, prevé que el exmandatario suba al estrado.
“No hay obligación de tomar esta decisión ahora”, aconsejó el juez Kevin Castel.