Solicitud de Esquivel para investigar salario de contralora es ‘improcedente’
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que la solicitud presentada por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que el Directorio legislativo investigue el salario de la contralora general de la República, Marta Acosta, es “improcedente”.
Así quedó consignado en una nota dirigida a Rodrigo Arias, presidente del Congreso, por parte de Servicios Técnicos, el 21 de febrero.
En el documento, el director de ese departamento, Fernando Campos, recuerda que la Contraloría es una entidad con independencia funcional y administrativa.
Agrega que la denuncia de Esquivel “reside en aspectos estrictamente ligados al control de legalidad de actos propios de la Contraloría General de la República en materia salarial”. Ese tipo de controles, indica, son ajenos a la Asamblea Legislativa.
“Con fundamento en las razones jurídicas y técnicas expuestas, esta asesoría recomienda, respetuosamente, que el escrito presentado por la señora Esquivel sea devuelto por considerado improcedente, con base en lo dispuesto por el artículo 30.6 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”, señala Campos.
Estas conclusiones fueron comunicadas a la jerarca de la Caja, mediante misiva de Arias con fecha del mismo miércoles. “Los aportes técnicos y jurídicos del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos son congruentes con la legislación nacional y la jurisprudencia en la materia. El Directorio legislativo acuerda avalar el informe y se traslada a su despacho para su atención”, indicó Arias.
En declaraciones, este jueves, el presidente legislativo reiteró que aunque la Contraloría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, tiene “total independencia para tomar decisiones internas, en especial en política salarial”.
Marta Esquivel solicitó a la Asamblea, el 8 de febrero, que se investigara si la remuneración que recibe Marta Acosta se apega al tope legal. Hizo el pedido dos meses después de que un informe de la Contraloría determinara que el salario de ¢7,1 millones que recibe al mes es irregular, pues el tope establecido por ley es de ¢5,5 millones mensuales.
Así lo dio a conocer el órgano contralor en un oficio enviado a la CCSS el 19 de diciembre pasado, en el cual ordenó a la Directiva de la entidad tomar las medidas necesarias para corregir la situación y recuperar las sumas pagadas de más.
El 9 de enero, la Junta Directiva decidió acatar la orden de la Contraloría, sin que hasta la fecha se haya definido cómo se ejecutará el cobro a Esquivel. Esa decisión no se ha podido completar debido a la renuncia de un integrante de ese órgano de la Caja.