Procuraduría solicita a alcalde electo de Puntarenas el pago de ¢8 millones
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) pide que Randall Chavarría, alcalde electo del cantón de Puntarenas, pague al Estado una indemnización de ¢8 millones por daño social.
La PEP hizo la petición en el juicio que Chavarría, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afronta por los presuntos delitos de malversación de fondos e incumplimiento de deberes en la función pública, por hechos relacionados con el manejo del balneario porteño.
“La Procuraduría de la Ética Pública actúa como parte civil, buscando indemnizar el daño social ocasionado”, confirmó la oficina de Prensa de la Procuraduría General de la República, a la cual está adscrita la PEP.
El juicio sobre el político comenzó el pasado 12 de febrero. Originalmente, estaba previsto que terminara dos días después; sin embargo, el debate se prolongó, por lo que se espera que finalice el próximo 1.° de marzo, detalló la oficina de prensa del Poder Judicial.
El proceso se lleva a cabo en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 18-000909-0431-PE. La acusación de la Fiscalía contra el rojiazul versa sobre hechos ocurridos entre el 2015 y el 2018, durante su anterior periodo como alcalde porteño.
En diciembre del 2018, el Ministerio Público señaló que, aparentemente, el entonces jerarca no revocó la concesión del balneario San Lucas Beach Club, a pesar de las indicaciones de entidades estatales sobre el incumplimiento de la empresa a cargo y sus deudas pendientes por el pago de los cánones correspondientes.
También se informó de que el alcalde había ordenado el desembolso de fondos municipales para cubrir los servicios de agua y luz a la empresa operadora del balneario.
En diciembre del 2020, la
Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó al Juzgado Penal de Hacienda la apertura del juicio contra el exfuncionario municipal, a quien acusó de seis presuntos delitos de incumplimiento de deberes y dos de malversación.
La malversación se castiga con prisión de uno a ocho años y el incumplimiento de deberes conlleva una inhabilitación de uno a cuatro años para ejercer cargos públicos.