¿Inversión social optativa?
El Poder Ejecutivo cumple con los acuerdos establecidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) excepto uno: mayor inversión en políticas sociales.
El reporte publicado por el FMI en marzo del 2021 señalaba que la cobertura de los programas sociales estaba por debajo del promedio de los países de ingresos medios altos. Y sugirió asignaciones adicionales para ampliar el número de beneficiarios del decil más pobre.
El documento agrega: “Se espera que el aumento estructural planificado por las autoridades en el gasto seleccionado de asistencia social en un 0,1 por ciento del PIB (...) a partir del 2021 contribuya a ampliar la cobertura para los más pobres”.
El presupuesto de los programas sociales prioritarios ejecutado en el 2019, para las pensiones no contributivas, el subsidio para vivienda, comedores y becas escolares (por mencionar algunos), alcanzó el 1,9 % del PIB, y el gobierno se comprometió a incrementarlo en 0,1 puntos cada año, hasta alcanzar el 2,2 % en el 2023. Sin embargo, los datos muestran que el compromiso no solo no se alcanzó, sino que el país retrocedió significativamente en inversión social selectiva: un 1,9 % en el 2021, un 1,7 % en el 2022 y un 1,5 % del PIB en el 2023.
A pesar de lo anterior, las revisiones del FMI califican positivamente al gobierno. En diciembre, el FMI felicitó a las autoridades y alentó a mantener la prudencia fiscal.
La omisión respecto a la desinversión social se debe a que no fue un compromiso obligatorio para obtener los desembolsos del crédito, sino una aspiración supeditada a las decisiones hacendarias. Por este motivo, el FMI se ha limitado a evaluar las finanzas públicas, cuyos resultados no pueden considerarse sostenibles si no compensan los costos sociales del ajuste con una menor inversión.
En el 2021, el FMI indicó: “Las autoridades planean alcanzar un superávit primario del 1 por ciento del PIB para el 2023, y colocar la deuda en una senda descendente, al tiempo que puedan (...) continuar apoyando a los más vulnerables”.
El superávit del 2023 fue del 1,6 %, por lo que es de suponer un mayor espacio para reforzar los programas sociales. Pero la ley de presupuesto del 2024 revela que esta no será la prioridad, como explicaré en mi siguiente columna. ■